La Asamblea Anual del Comité Directivo de la Federación Europea de Periodistas (FEP) ha considerado un informe sobre la situación de la libertad de expresión en España, presentado por la Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP). Este encuentro se ha celebrado los 18 y 19 de mayo últimos en Bucarest y ese informe fue presentada por nuestro delegado, Paco Audije, con solicitud de resolución.
El Comité Directivo de la FEP ha considerado las denuncias de la FeSP y ha adoptado la resolución “Alarma por los riesgos para la libertad de expresión en España”, en la que recuerda la existencia desde 2015 de las Leyes Mordaza en nuestro país que “reducen las libertades de información y expresión especialmente de los periodistas, pero que alcanzan a todos los ciudadanos”.
Asimismo, considera que esas leyes “han llevado a la condena de multas a periodistas que ejercen la cobertura de hechos, sobre todo por registrar la actuación de algunos policías en manifestaciones en las calles y en desalojos de domicilios”.
La resolución de la FEP, adoptada por la unanimidad de su Asamblea Anual, recoge algunos casos de vulneración de la libertad de expresión como los del fotógrafo Axier López (revista Argia), la condena penal a la bloguera Cassandra Vera, el arresto de un filtrador de los Papeles de Panamá -que luego no prosperó ante la justicia-, y “la visita reciente y sorprendente de la policía al digital Público que había publicado sus investigaciones sobre casos de corrupción relacionados con la Administración del Estado.”
En otro de sus considerandos, la resolución señala que “estos y otros casos similares vulneran los tratados internacionales sobre libertad de expresión firmados por España” y que las leyes que se aplican están formuladas de forma “ambigua e imprecisas” y generan indefensión.
Asimismo, tiene en cuenta que la Plataforma de Defensa de la Libertad de Información (PDLI) y la Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP) han estimado que los periodistas y ciudadanos condenados se han hallado indefensos ante actuaciones en las cuales la Administración actúa como juez y parte en las causas.
Por todo ello:
“La Asamblea Anual de la FEP recuerda al Gobierno español -ahora, sin clara mayoría parlamentaria- que la lucha contra el terrorismo no puede servir de excusa para la supresión de las libertades de expresión e información. Como tampoco el debate sobre el uso irresponsable de las redes sociales.
La Asamblea Anual de la FEP hace un llamamiento al Parlamento español para que revise y reforme las mencionadas leyes en la línea con la legislación sobre libertad de la prensa y libertad de expresión de la Unión Europea.”
