El Sindicato de Periodistas de Andalucía (SPA) se suma a la denuncia realizada por la revista El Observador de Málaga contra las personas que el pasado fin de semana agredieron y amenazaron verbalmente a su redactor, Alberto R. A., por la publicación de una información con la que no estaban de acuerdo.
Este colectivo considera intolerable este tipo de sucesos que ponen de manifiesto la escasa formación en materia de libertades de algunos grupos que consideran a los periodistas meros transmisores de noticias interesadas a los que se puede recriminar su trabajo cuando las informaciones se tornan contrarias.
La agresión al redactor de El Observador es una muestra, no sólo del desconocimiento de la labor profesional del periodista, obligado a contar los hechos con veracidad, sino de la existencia de grupos incapaces de aceptar que un medio de comunicación está obligado a recoger informaciones que afectan a distintos ámbitos sociales y a presentarla a los lectores con el máximo respeto a la verdad aunque los hechos perjudiquen a sus protagonistas.
Amedrentar, amenazar e intimidar a los periodistas no son las armas adecuadas para enmendar errores sino procedimientos intimidatorios que sitúan a sus actores en espacios al margen de la libertad de expresión más propios de estados totalitarios.
Los hechos, denunciados por el redactor de El Observador ante la comisaría Centro de Málaga tuvieron lugar cerca del centro Social La Casa Invisible la madrugada del pasado sábado cuando un grupo de unas veinte personas, cercanas a este centro autogestionado, rodearon al periodista para reprocharle la publicación de una información en la que se ponía en duda la convocatoria de una asamblea sobre educación con la finalidad última de ocupar unas instalaciones del Campus de Teatinos a las que la Universidad ya tiene previsto darle un uso administrativo.
La desconvocatoria de la asamblea, ante la imposibilidad de ocupar el inmueble, que sorprendió a quienes de buena fe habían creído que la reunión tenía lugar para debatir sobre propuestas educativas, fue objeto de una información en El Observador en la que se ponía al descubierto la finalidad de dicha convocatoria.
El SPA considera inadmisible que aquellos que más reclaman las libertades, como el caso de este colectivo, sean los primeros en coartar no sólo la libertad de expresión del redactor sino de interferir en un trabajo profesional que intentan dificultar con amenazas e insultos cuya única finalidad es ocultar la realidad.
