El Cuartel General de Comunicaciones del Gobierno (GCHQ), el servicio de escuchas de la inteligencia británica, violó la legislación europea con su práctica de recopilación masiva de datos privados, según determinó el pasado viernes 6 de bebreo el tribunal especial IPT en Londres.
El IPT (Investigatory Powers Tribunal), es un órgano judicial independiente del gobierno británico que estudia las denuncias relativas a la vigilancia ejercida por los poderes públicos y los servicios de inteligencia un tribunal que supervisa la actuación de los poderes públicos.
Este ha determinado que, hasta diciembre de 2014. las prácticas del GCHQ no estuvieron en consonancia con los artículos 8 y 10 de la Carta Europea de Derechos Humanos y estable que este servicio de escuchas recopiló sistemáticamente datos y en el marco de un intercambio utilizó también datos obtenidos por el servicio secreto estadounidense NSA de sus programas de vigilancia Prism y Upstream. En esta práctica se incurrió en ilegalidades.
Las acusaciones salieron a la luz a través del exinformante de la Agencia de Seguridad Nacional estadounidense Edward Snowden y se publicaron en el diario The Guardian, entre otros.
En su comunicado, el IPT considera, que la demanda, recepción, almacenamiento y envío de comunicaciones privadas de residentes en el país, desde el GCHQ a la NSA son actuaciones contrarias a los artículos 8 y 10 de la Convención Europea de Derechos Humanos, relativos al derecho a la vida privada el primero, y a la libertad de expresión el segundo.
Organizaciones como Amnistía Internacional, Liberty y Privacy Internacional -estas últimas defienden la protección de datos-, así como otras siete no británicas, denunciaron esas prácticas. Es la primera vez en la historia del tribunal, creado en 2000, que se acepta una queja y se reconocen comportamientos inadecuados de los servicios secretos. Por el momento, sin embargo, no habrá consecuencias jurídicas.
La periodista Mercedes Aracibia, en su momento, hapublicado en «Periodistas-es» un artículo en el que revelaba que para el GCHQ “la actividad periodística, y más particularmente la investigación, está considerada como un peligro para la seguridad interior, lo mismo que el terrorismo o el hacking. El hecho de intentar acceder a informaciones que le están vedadas, haría de la profesión periodística una amenaza real”. Al personal de los servicios de inteligencia del GCHQ se le pidió que detectara ese tipo de actividad en los correos de los periodistas.
