Esa es la principal conclusión del debate sobre el EMFA celebrado en Barcelona para avanzar en la protección del derecho a la información de la ciudadanía
Los participantes en la mesa redonda Aplicar ya la EMFA en Cataluña y España, como garantía del derecho a la información de la ciudadanía celebrada en Barcelona el pasado 13 de octubre concluyeron que para garantizar ese derecho es imprescindible aplicar de manera inmediata el Reglamento Europeo de Libertad de los Medios (EMFA, en sus siglas en inglés). Esa misma petición salió de una sesión similar realizada en Madrid, en la sede del Congreso de los Diputados, unos días antes, el 21 de septiembre.
La diferencia entre una sesión y la otra es que en medio, el pasado 5 de octubre, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, convocó elecciones generales en España para el próximo 29 de noviembre. Eso hace que ahora, la única alternativa posible para aplicar el EMFA de manera inmediata es que sea el gobierno en funciones quien apruebe los decretos ley que permitirían la aplicación efectiva de dicho reglamento. Hay que recordar, que esa ley es de obligado cumplimiento desde el mes de agosto de 2025 y su incumplimiento está generando sanciones europeas contra el Estado español.
Bloqueo en el Congreso por intereses partidistas
En la mesa redonda de Barcelona intervinieron Renate Schroeder, Directora de la Federación Europea de Periodistas (FEP); Marc Melillas, director general de Medios de Comunicación de la Generalitat; Josep Carles Rius, presidente del Consell de la Informació de Catalunya (CIC); y Francesc Ràfols, secretario general del Sindicat de Periodistes de Catalunya / Sindicat de Profesionals de la Comunicació (SPC), organizador de la sesión conjuntamente con la FeSP. La vicesecretaria general de la FeSP, Elena Tarifa, moderó la sesión. El secretario general de la FeSP, Agustín Yanel, en su bienvenida al acto, lamentó que partidos políticos que en el Parlamento Europeo votaron a favor de la ley, en España bloquearon su aplicación, dando prioridad a sus intereses particulares en la situación política en el país, frente a las necesidades del conjunto de la ciudadanía para mejorar la calidad democrática de la sociedad.
Schoeder, que participó en los debates previos para la redacción del reglamento, detalló los contenidos del EMFA destacando la imperioosa necesidad de su aplicación ante el retroceso en materia de libertad de prensa en muchos países europeos. Por su parte, Ràfols recordó que el derecho a la información es un derecho humano no solo reconocido en el artículo 20 de la Constitución española y en algunos estatutos de autonomía, si no, «sobretodo», en el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Resalto que la defensa de los derechos humanos es algo que concierne al conjunto de la ciudadanía y que los y las profesionales de la información están obligados a hacerlo con lo que establece este artículo 19.
La necesidad de regular la información
Josep Carles Rius defendió la necesidad de disponer de organismos de regulación para aplicar los códigos deontológicos, que deben guiar la tarea profesional en el periodismo. Melillas informó sobre los pasos del gobierno catalán en aplicar el EMFA en aquellos aspectos en los que la Generalitat tiene competencias y así se refirió a las leyes que se están preparando relativas a la Agencia Catalana de Comunicación (ACC) y la futura ley Audiovisual para la que consideró que debería ir más allá de los meros medios audiovisuales.
Representantes de distintas organizaciones participaron en el acto a los que desde el SPC y la FeSP se invitó a integrar una alianza de cooperación entre periodismo y ciudadanía para reclamar conjuntamente que des de las instituciones se garantice el derecho a la información de la ciudadanía. Ello debería servir para fortalecer la calidad democrática del país, ya que sin una información de calidad, veraz, plural y contrastada, es más difícil defender com mayor conocimiento otros derechos esenciales como la sanidad, la educación, el trabajo, la vivienda o la justicia.
Proyecto Impact
Este aco, así como el de Madrid, forman parte de una campaña que se realiza en el marco de IMPACT–Independent Media Promoting Accountability, Community, and Trust in European Democracy–, un proyecto promovido por la Federación Europea de Periodistas (FEP) y cofinanciado por la Unión Europea. IMPACT tiene como finalidad fortalecer la capacidad de acción de las organizaciones y sindicatos de periodistas para defender los derechos fundamentales, la libertad de prensa, los derechos laborales de quienes trabajan en los medios y la aplicación efectiva de la legislación europea en los Estados miembros.
Crédito imagen: Autor: Xavier Subias.
