Los medios públicos deberán transformar gran parte de sus estructuras para adecuarse a la nueva normativa.
En un artículo firmado por Fernando Varela y publicado por infolibre.es se adelanta que en un par de meses y por la vigencia, casi plena, del Reglamento Europeo sobre la libertad de los Medios “las elevisiones y radios públicas tendrán que blindar a sus periodistas, cambiar los modelos de elección de altos cargos y transformar el modelo de financiación La Comisión Europa podrá actuar contra España si el Gobierno de España y los de las comunidades autónomas no cambian las normas que rigen sus medios públicos Fernando Varela 15 de junio de 2025 20:00h El próximo 8 de agosto será una fecha notable para los trabajadores de los medios públicos españoles, la Corporación de RTVE y hasta 14 entes autonómicos que cuentan con emisoras de radio de televisión, además de plataformas digitales.
Varela señala que no se trata de un reglamento caprichoso. La nueva norma nace de la creciente preocupación ante la erosión de la independencia de los medios públicos en varios Estados miembros de la UE, donde se ha constatado una instrumentalización política para favorecer al gobierno de turno. Un diagnóstico fácil de entender en el caso español, donde lo más habitual es que los ejecutivos cedan a la tentación de controlar las emisiones, en particular los informativos, para ponerlos al servicio de sus intereses. En este contexto, el reglamento establece mecanismos destinados a garantizar que los medios de titularidad pública actúen con autonomía editorial plena, dispongan de una financiación previsible y suficiente, y estén sujetos a sistemas de gobernanza basados en criterios transparentes, abiertos y no discriminatorios. Su objetivo es preservar la función de la radio y la televisión públicas como garantes del pluralismo informativo, el interés general y la cohesión democrática, blindándolos frente a injerencias partidistas y asegurando que representen a toda la ciudadanía, no a los intereses de un poder político concreto.
Y hace énfasis en el obligado cumplimiento. “Si España no acomete cambios en esta materia, se arriesga a sanciones. La Comisión Europea puede iniciar un procedimiento de infracción si un Estado miembro no aplica o aplica incorrectamente un reglamento. En última instancia, el caso puede llegar al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que puede imponer sanciones financieras. No cumplir también puede dar lugar a la aplicación del procedimiento del Rule of Law, un proceso institucional de la Unión Europea creado para supervisar y proteger el Estado de derecho en todos los Estados miembros. Este mecanismo se activa cuando existen indicios de que se están poniendo en riesgo principios básicos, entre los que está la libertad de expresión y los medios de comunicación independientes.
Asimismo señala que España, en su conjunto está muy lejos de satisfacer las medidas que le exige la nueva norma; entre las cuales señala: la adopción de normas internas claras y comités independientes para proteger la libertad de los periodistas frente a presiones internas o externas. Traducido al lenguaje de la realidad, eso significa estatutos y consejos de redacción herramientas profesionales que, señala, tienen pocas cadenas públicas. Existe en la catalana TV3 desde 1992; en la vasca EITB (tienen un estatuto redactado por los profesionales y aprobado por la dirección; el consejo actúa como mediador en caso de conflicto) y en la andaluza Canal Sur desde 2005. No es casualidad que se trata de las tres comunidades autónomas que mejor han desarrollado órganos de supervisión independientes en forma de consejos audiovisuales o, en el caso catalán, del Consejo de la Información. También en RTVE, que tiene un Estatuto de Información desde 2008, que reconoce derechos fundamentales del personal periodístico, y un Consejo de Informativo, elegido por los propios profesionales. Y eso es todo. (…)
La segunda exigencia de la EMFA, dice el artículo es el nombramiento del equipo directivo de los medios públicos mediante concurso público con méritos profesionales, evaluarse a través de un órgano plural e independiente y llevarse a cabo mediante votación cualificada del parlamento autonómico. En vez de eso, en muchas comunidades autónomas, los nombramientos siguen siendo políticos, con mayoría simple del parlamento bajo control de los gobiernos de turno. Solo algunas radiotelevisiones públicas (las de Cataluña y País Vasco) exigen mayorías cualificadas o procesos más controlados, aunque aún no estén completamente blindadas contra cambios de gobierno.
La tercera exigencia a la que deberían adaptarse la radio y la televisión públicas en España tiene que ver con la financiación, que debe ser “plurianual, estable y adecuada”, debe estar separada de los presupuestos generales para evitar castigos o premios en función de los contenidos, y tiene que basarse en mandatos de servicio público definidos y evaluables. En España, en todas las cadenas la financiación depende de uno u otro modo del presupuesto anual. No existen contratos-programa plurianuales bien desarrollados, lo que deja a los entes expuestos a recortes o ampliaciones en función de afinidades políticas.
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