Un informe de AI demuestra que se utiliza la justicia penal para investigar y espiar a mujeres defensoras de derechos humanos.
Edith Olivares Ferreto, directora ejecutiva de Amnistía InternacionaI México (AI), señaló al presentar su informe que “desde Amnistía Internacional hemos advertido con alarma y en diversas ocasiones, que en México vivimos una grave crisis de derechos humanos. En este contexto, el caso de Ana Lorena, Marcela y Mercedes es emblemático por la forma en que el Estado mexicano usa el sistema penal de manera arbitraria para perseguir a las personas defensoras, amedrentarlas y criminalizarlas”.
Motivan la denuncia los casos de la abogada Ana Lorena Delgadillo Pérez, la periodista Marcela Turati Muñoz y la antropóloga forense Mercedes Doretti, recogidos en el informe “Perseguidas: criminalización de mujeres defensoras de derechos humanos en México”.
Las tres “fueron sujetas a una investigación indebida y a espionaje por parte del Estado mexicano por los presuntos delitos de delincuencia organizada y secuestro”, según el reporte. La intervención de las autoridades se dio sin que contaran con evidencias suficientes que mostraran la relación de las tres defensoras con alguno de los delitos referidos, asevera AI.
Delgadillo Pérez es fundadora de la ONG Fundación para la Justicia en México, e integra el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Turati, del sitio periodístico “A dónde van los desaparecidos”, es autora del libro “San Fernando, última parada”, sobre los secuestros en esa pequeña ciudad del nororiental estado de Tamaulipas. Doretti es una antropóloga forense argentina, integrante del equipo investigador de la desaparición de 43 estudiantes normalistas, la noche del 26 al 27 de septiembre de 2014, en Ayotzinapa, en el sudoccidental estado de Guerrero.
La investigación y el espionaje ocurrieron cuando las defensoras trabajaban, desde sus distintas disciplinas, para esclarecer las masacres de personas de diversas nacionalidades halladas en agosto de 2010 y abril de 2011 en la pequeña ciudad de San Fernando, en el nororiental estado de Tamaulipas.
Aunque la investigación y el espionaje datan de 2016, a la fecha se desconoce si continúan. Las pesquisas estuvieron a cargo de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, una dependencia de la Procuraduría (ahora Fiscalía) General de la República.
Esa incertidumbre, que se mantiene desde hace ocho años, “ha puesto a las tres defensoras de derechos humanos en una situación de indefensión, pues existe la amenaza de que continúe el uso indebido del sistema de justicia y sean investigadas sin que se garanticen las normas básicas del debido proceso”, según AI.
“Con estas acciones persecutorias, las autoridades mexicanas generan temor no solo a las tres mujeres defensoras, sino también a otras personas defensoras de derechos humanos que están en todo su derecho de contribuir con su trabajo a la vigencia de los mismos”, sostuvo Olivares Ferreto.
El informe insiste en señalar que en México “se ha instaurado la práctica de usar el sistema penal de manera arbitraria contra personas que denuncian violaciones a derechos humanos, que las investigan y que acompañan a las víctimas de esas violaciones en su búsqueda de justicia, verdad y reparación integral del daño”.
