Dicen que la trasposición hecha por nuestros legisladores traiciona la esencia de la directiva europea y resulta «desastrosa para los denunciantes».
El Senado aprobó este jueves, 9 de febrero, la trasposición a nuestro ámbito jurídico de la Directiva comunitaria 2019/1937 , sobre los denunciantes, enmarcada en los compromisos del IV Plan de Gobierno Abierto 2020-2024. La Unión Europea estableció el 17 de diciembre de 2021 como fecha límite para adaptar el ordenamiento jurídico español a esta normativa, por lo que la nueva ley ya lleva más de un año de retraso, lo que ya ha provocado una sanción económica.
La aprobación por el Senado español de esa trasposición como Ley reguladora de la protección de las personas que denuncian infracciones normativas y de lucha contra la corrupción, ha encendido la polémica de los organismos internacionales que defienden a estas personas, que han acusado al Gobierno español de falta de «compromiso político serio» y aseguran que la nueva ley será «desastrosa para los denunciantes» si no se corrige ese borrador.
Desde la organización Whistleblowing International Network (WIN) han enviado ya una carta a la Comisión Europea en la que alertan de que la trasposición española de la directiva europea de Protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la UE no cumple con los mínimos estándares que obliga la directiva europea.
“La adopción de esta legislación defectuosa podría ser desastrosa para los denunciantes en España y Europa, donde una protección armonizada de los denunciantes es esencial en la lucha contra la corrupción, defendiendo el estado de derecho y la aplicación efectiva de la legislación de la UE”, señala la carta firmada por Anna Myers, directora ejecutiva de WIN.
Las organizaciones internacionales Xnet, Whistleblowing International Network, Government Accountability Project, The Signals Network y Blueprint for Free Speech, todas expertas en la protección de los denunciantes, han advertido en un comunicado que el proyecto de ley podría ser «desastroso para los denunciantes e incluso inexpugnable ante la UE» y acusan al gobierno de falta de «compromiso político serio» para transponer la Directiva de la UE.
Entre los defectos que organismos internacionales señalan en la redacción de la ley están que solo contempla la denuncia de hechos «graves y muy graves», que los denunciantes solo están protegidos de facto si siguen los canales oficiales, que la ley no protege a aquellos que divulguen información que ya está en el registro público, que no elimine la responsabilidad penal de los informantes, que no proteja a los intermediarios (como las ONG expertas) necesarios en la mayoría de los casos, que no establezca requisitos técnicos para los sistemas de información o que La Autoridad Independiente de Protección de Denunciantes tenga poderes de investigación demasiado amplios sin un mandato judicial y sin forma de apelar sus decisiones.
La ley de protección del denunciante , que legisla sobre un reclamo continuo en materia de libertad de información en el Estado desde hace años, aún tiene que pasar por el Congreso para su tramitación final.
La Ley propuesta: https://www.senado.es/web/actividadparlamentaria/iniciativas/detalleiniciativa/index.html?legis=14&id1=621&id2=000079
