Sostiene que la reforma propuesta mantiene las infracciones de desobediencia, resistencia y negativa a identificarse y de faltas de respeto que, han sido aplicados de forma extensiva e injusta a miles de personas.
Amnistía Internacional dice que la propuesta de reforma mantendría íntegramente las infracciones de desobediencia, resistencia y negativa a identificarse (36.6) y de faltas de respeto (37.4); dos artículos de la ley que han sido aplicados de forma extensiva e injusta a miles de personas y de cuya vaguedad ha alertado el Consejo de Europa.
Amnistía Internacional pide la modificación y la eliminación respectivamente de estos dos artículos en el trámite parlamentario. Aunque Amnistía Internacional reconoce avances en el proyecto, señala que está más cerca de “un maquillaje” de la conocida como Ley Mordaza, que de una reforma en línea con los estándares internacionales sobre libertad de reunión, expresión e información.
La reforma propuesta de la Ley de Seguridad Ciudadana por parte de la coalición de gobierno está más cerca de un maquillaje de la versión actual de la norma que de una derogación de sus artículos más preocupantes para la libertad de reunión expresión e información. Es la conclusión de Amnistía Internacional España tras analizar el acuerdo de reforma entre los partidos de Gobierno de la conocida como “Ley Mordaza” que se debatirá en el Congreso a principios del año que viene.
La organización alerta de que, de aprobarse el actual borrador, el derecho a la protesta pacífica y la libertad de expresión seguirían gravemente amenazados al no modificar en profundidad o eliminar los artículos que de manera recurrente han afectado gravemente al ejercicio de estos derechos, y al no establecer mecanismos independientes de supervisión de la actuación policial.
La entidad, sostiene la propuesta de reforma no reduce los amplios poderes discrecionales de las fuerzas y cuerpos de seguridad. Y al no establecer tampoco adecuados mecanismos de control y rendición de cuentas, continuaría abriendo la puerta a actuaciones arbitrarias, como ha venido constatando Amnistía Internacional desde la entrada en vigor de esta Ley, con el efecto desmovilizador de la protesta que ello conlleva.
Además, seguiría sin atender a las advertencias de la ONU o las recomendaciones del dictamen de la Comisión de Venecia del Consejo de Europa, que instó a España a reformar la ley de Seguridad Ciudadana «por su potencial represivo»
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