Será redactada por un congreso paritario, que incluye 17 representantes de los pueblos originarios, la mayoría, mapuches, y la presión ciudadana hará que las discusiones sean debatidas al minuto en medios y redes
Este último domingo ha iniciado su labor en la capital chilena la Convención Constitucional, que debe redactar una nueva Carta Magna para sustituir la constitución impuesta a los chilenos por la dictadura del general Augusto Pinochet y que ha estado vigente durante decenios merced a la presión de los poderes fácticos de la derecha.
Como un hecho singular que tiene escasos precedentes en la historia; el nuevo documento fundamental de los chilenos será redactado de forma casi paritaria –hay un hombre más–, contempla 17 representantes de los pueblos originarios, la mayoría mapuches, (una mujer de esa etnia la presidirá) y la presión ciudadana hará que las discusiones sean debatidas al minuto en medios y redes. Los convencionales tienen un año de plazo para la elaboración de un texto que luego será sometido a referéndum y cuyos artículos tendrán que ser adoptados por dos tercios de la Convención.
El proceso de redacción estará marcado por muchos gestos y el primero es que la sede donde se reunirán los 155 convencionales es el antiguo Congreso Nacional, en la capital chilena, clausurado por Pinochet tras el golpe de 1973 y trasladado a un moderno edificio en Valparaíso. La ciudad porteña encontró al legislativo bien alejado del centro de decisiones de Santiago cuando fue reabierto al retornar en 1990 la democracia, que aún estaría más de una década tutelada por el general.
De hecho, se puede decir que el régimen de Pinochet ha llegado hasta hoy. Al menos económicamente hablando, pues la actual Constitución fue diseñada para blindar el modelo neoliberal de la dictadura, con una lectura restrictiva del principio de subsidiariedad que ha derivado en un sistema de libre mercado a ultranza. Derechos como la educación, la sanidad, las pensiones o incluso el acceso al agua están concebidos desde la óptica privada y en tres décadas de democracia solo han podido ser corregidos ligeramente hacia el bien común mediante medio centenar de enmiendas constitucionales consensuadas por un legislativo donde el centroizquierda moderado y la derecha postpinochetista establecieron un pacto tácito para preservar el modelo neoliberal, que había quedado atado y bien atado. Pero la revuelta social iniciada el 18 de octubre del 2019 cambió el curso de la historia.
