El contrato de externalización con la empresa CBM, la misma que ya la llevaba esa gestión, es uno de los que se colaron entre mascarillas, mamparas y test, según el informe de Civio.
La Fundación Ciudadana Civio, una organización independiente y sin ánimo de lucro que presiona para lograr una transparencia real y eficaz en las instituciones ha puesto el dedo en los contratos que la administración ha estado haciendo bajo el paraguas del estado de alarma; lo que les ha permitido saltarse las normas que rigen para las contrataciones
Civio en su informe se asombra que en Murcia esta “alarma” haya servido para contratar la externalización de la televisión autonómica. No tiene pérdida:
El 31 de marzo de 2020, en los primeros locos días del estado de alarma, el Gobierno de Murcia adjudicó la gestión de su televisión pública a la empresa CBM, la misma que llevaba haciéndolo hasta entonces. La diferencia es que, esta vez, lo hizo utilizando la tramitación de emergencia, un sistema excepcional que permite dar contratos a dedo por la vía ultrarrápida, sin abrir expediente y con muy pocos controles previos y transparencia. Este sistema, el más rápido y directo de la Ley de Contratos -permite hasta poner en marcha algo solo con hablarlo, y ya luego, si eso, redactar las condiciones- está limitado a tres supuestos muy claros: acontecimientos catastróficos, situaciones que supongan grave peligro y necesidades que afecten a la defensa nacional.
Es evidente que la pandemia que justo estaba arrancando por entonces era y es una catástrofe y que suponía graves peligros, por eso se permitió el uso de este sistema para la compra de, por ejemplo, mascarillas. Pero para entender qué tiene que ver el coronavirus con la televisión pública de Murcia hay que ponerse algo más imaginativos. Y lo hicieron.
Entre los argumentos, señalar la televisión es esencial en casos de catástrofes, dicen. Y no aprobar ese contrato a dedo por tramitación de emergencia suponía un “significativo peligro para la salud y la vida de las personas”. Con estos mimbres, se aprobó la contratación de emergencia por unos 744.000 euros al mes hasta que el concurso abierto eligiera a un ganador por la vía ordinaria. El plan era que fuera solo un parche durante dos meses, mayo y junio, pero se prorrogó dos veces, la última ya estimaba alargarlo en 2021.
El contrato de la tele pública de Murcia es uno de los que se colaron entre mascarillas, mamparas y test.
