Además, junto a la la Coalición proAcceso, presenta alegaciones para facilitar el acceso a archivos, que limita el anteproyecto de la nueva Ley de Memoria Democrática.
La Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP), junto con la Coalición proAcceso, de la cual forma parte, y otras organizaciones, han presentado alegaciones al anteproyecto de Ley de Memoria Democrática y firmado una iniciativa para la transparencia de la propiedad de las empresas de todos los sectores.
El respaldo de la FeSP a ambas acciones porque el desarrollo positivo de ambas promueva la transparencia informativa e inciden directamente en la libertad de información y el acceso a la misma.
Con respecto a la última de ellas, la Directiva sobre Datos Abiertos de la Unión Europea considera que esos datos sobre la propiedad son «de alto valor» para la sociedad, pero que algunos países están presionando para que el acceso a ellos no sea total sino limitado.
Para que no sea así, se ha puesto en marcha una campaña europea, que se desarrollará durante los próximos meses y desde la Coalición proAcceso van a enviar ya una primera carta con firmas de distintas organizaciones, entre ellas la de la FeSP.
Ahora más que nunca, las empresas, los periodistas y los grupos de la sociedad civil necesitan información de alta calidad y fácilmente accesible sobre la propiedad de las empresas para poder llevar a cabo la debida diligencia sobre posibles empresas fraudulentas o falsas.
Entendemos imprescindible que en virtud de la Directiva sobre Datos Abiertos haya pleno acceso a:
· Nombre del propietario de la empresa;
· Mes y año de nacimiento;
· Nacionalidad;
· Identificador del propietario;
· Nombres de los accionistas;
· País de residencia de los accionistas/propietarios;
· Estado de insolvencia de la empresa;
· Todas las actualizaciones de la información presentada, incluida la fecha de la actualización más reciente.
En cuanto a las alegaciones presentadas al anteproyecto de Ley de Memoria Democrática, que actualmente se encuentra en trámite de audiencia pública; se trata de una iniciativa de la Asociación de Archiveros Españoles en la Función Pública (AEFP) para que en se supriman restricciones a la consulta de los archivos y documentos que puedan aportar datos sobre la represión y que la prevista Fundación para gestionar los archivos de los presidentes constitucionales, al margen del Sistema Español de Archivos.
Entendemos que esta iniciativa parlamentaria repite las vaguedades de la Ley de Memoria Histórica de 2007 que, lamentablemente, no aportaron ni un mayor uso de los archivos por las víctimas de la represión ni mayores facilidades para consultar los documentos que pueden suministrar evidencias de violaciones de los derechos humanos.
