Johannes Bahrke, portavoz de la Comisión Europea, dice que no encuentran motivos de preocupación en que el Gobierno español proponga la creación de una comisión con competencias para hacer informes sobre la desinformación.
Este lunes pasado, un portavoz de la Comisión Europea, Johannes Bahrke, dio pautas que indican que el Ejecutivo comunitario no encuentra motivos de preocupación en que el Gobierno español proponga la creación de una comisión con competencias para hacer informes sobre la desinformación.
Según publica “eldiario.es”, Bahrke ha manifestado: «Sabemos que el gobierno español ha aprobado una orden ministerial que actualiza el sistema nacional existente para prevenir, detectar y dar respuesta a las campañas de desinformación y establecer estructuras de coordinación».
«La desinformación a nivel nacional y europeo es un asunto importante, especialmente en las circunstancias actuales de la pandemia del coronavirus, que ha venido acompañada de un aumento dramático de información falsa y engañosa», ha afirmado Bahrke: «Por eso nos tomamos esto muy serio y hemos propuesto acciones concretas. La Comisión Europea y el Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) son muy activos en la lucha contra la desinformación y están trabajando para garantizar una mayor coordinación a nivel europeo».
Contra lo que han afirmado algunos parlamentarios de de la oposición en España el portavoz de la Comisión Europea señaló que la orden europea «prevé las herramientas y actores para asegurar la participación de España en los diferentes instrumentos que pusimos en marcha ya en 2018 con el Plan de Acción Europeo contra la desinformación. La orden ministerial refuerza las respuestas coordinadas y conjuntas por parte española».
«La orden del Gobierno español», explican en Bruselas, «incluye la cooperación con el grupo de trabajo para Comunicaciones Estratégicas del Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) y el intercambio en el sistema que establecimos, que se llama Sistema de Alerta Rápida. El plan de acción exige que cada Estado miembro establezca un punto de contacto y esto es lo que hace la orden. Así, asegurar la participación de España en el sistema es el objetivo de la orden ministerial: el proceso prevé también el diálogo con representantes de la sociedad civil y los medios de comunicación».
Ante la pregunta sobre si había atentado a la libertad de prensa, fue muy preciso: «está muy claro que cualquier enfoque en el ámbito de la desinformación siempre debe respetar la seguridad jurídica y la libertad de los medios de comunicación y la libertad de expresión. Pero, como he dicho, es un comentario general y no tenemos motivos para creer que este no sea el caso con la iniciativa española».
