El SPC llama la atención sobre cómo los intereses políticos de partidos y gobiernos están afectando al libre ejercicio del derecho a la información. “Los presidentes de gobierno, los ministros o los consejeros no son ni jefes de informativos ni redactores jefes de los medios”.
El Sindicat de Periodistes de Catalunya (SPC), miembro de la FeSP, llama la atención sobre cómo los intereses políticos de partidos y gobiernos están afectando, desde que se decreto el estado de alarma, al libre ejercicio del derecho a la información:
Hace casi seis semanas que el Gobierno español decretó el estado de alarma a raíz de la crisis sanitaria provocada por la Covidien-19, que ha supuesto la orden de confinamiento de la ciudadanía. Esto ha provocado efectos de todo tipo de la mayoría de los cuales costará mucho reponerse. Uno de los más nocivos lo hemos visto en lo que afecta al derecho a la información de la ciudadanía.
Desde el Sindicato de Periodistas de Cataluña / Sindicato de Profesionales de la Comunicación (SPC) queremos destacar el esfuerzo que periodistas y medios están haciendo para hacer una cobertura exhaustiva de la crisis de la pandemia. Sin embargo asistimos alarmados a:
• La colonización de los espacios informativos desde diferentes gobiernos, con comparecencias seguidas de ruedas de prensa interminables que aportan poca información y mucha opinión oficial.
• Los solapamientos y contraprogramaciones de estas comparecencias que desorientan la ciudadanía. Deberían organizarse de manera que no obliguen a la audiencia a tener que elegir entre la rueda de prensa de un gobierno o del otro.
• El uso partidista de los medios públicos . Compartimos las quejas que se han hecho desde sectores profesionales y exigimos que se acabe esta práctica. Las ruedas de prensa íntegras y en directo tienen justificación para hacer comunicaciones a la ciudadanía muy trascendentales, pero no pueden ser la norma habitual. Entendemos que los medios públicos deben ofrecer declaraciones institucionales en este momento de crisis sanitaria pero esto no justifica que las hagan en el horario de sus espacios informativos, porque esto es mezclar información con gestión gubernamental.
Estos espacios no pueden estar dirigidos, ni ahora ni nunca, desde las instancias políticas. Esto también genera alarma. Los presidentes de gobierno, los ministros o los consejeros no son ni jefes de informativos ni redactores jefes de los medios. Ni los directores. La gestión de los espacios informativos y sus contenidos debe ser dirigida desde la responsabilidad periodística de los entes públicos.
• Al tratamiento que se hace desde muchos medios de la evolución de la pandemia y la afectación en el conjunto de la sociedad, está muy alejado de lo que recomiendan los códigos deontológicos. Es legítimo que pueda haber una decantación en los medios -salvo los públicos, que deben mantenerse neutrales-, pero esto no justifica manipulaciones, difusión de rumores falsos o la utilización interesada de los datos que hemos visto demasiado a menudo en estas cinco semanas.
• Cómo cada día la realidad informativa alimenta nuestro estado de alarma informativa . Por ejemplo, cuando desde instancias del Gobierno se incluye una pregunta en un sondeo sociológico sobre si se prefiere la información oficial o los rumores falsos, que habría que prohibir, en una dicotomía maniquea que ignora la información crítica. O por las manifestaciones de un alto responsable de la Guardia Civil en la misma línea que el CIS, corroboradas por el documento que él mismo envió al conjunto del cuerpo. Porque entre sus competencias no está la de defender la política informativa del Gobierno.
En estas cinco semanas de alarma hemos reclamado -junto con la Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP)- que haya ayudas a los medios para que no tengan que hacer ERTE y así poder informar con veracidad y rigor.
Si la defensa que se hace desde las instancias públicas de la importancia de la información es realmente sincera, hay que implementarlas cuanto antes. Eso sí, con ayudas condicionadas a la retirada de los ERTE y a la protección del colectivo del sector que con más alarma sufre las consecuencias laborales de la pandemia como es el de periodistas a la pieza y freelances .
Por otra parte, los gobiernos deben facilitar el trabajo de los y las profesionales de la información. Sus quejas ya fueron atendidas días atrás y han servido para mejorar una operativa de las ruedas de prensa totalmente inadecuada basada en que un cargo gubernamental eligiera las preguntas que se le hacen o no a los responsables políticos. La guinda del pastel sería que presidentes, ministros y consejeros, en el turno de respuesta, no las convirtieran en mítines.
Desde el periodismo también agradeceríamos que las instituciones facilitaran los datos en unos horarios adecuados para que los y las profesionales, en épocas de confinamiento, pudieran conciliar sin problemas la vida familiar y la laboral. No hay ninguna necesidad de difundir datos a medianoche.
Finalmente, queremos mostrar nuestra solidaridad y apoyo a todas las personas y familias que están sufriendo los efectos de la pandemia hasta el punto de que han perdido seres queridos en estos últimos días en circunstancias bastante duras, entre ellas varios profesionales de la información. Por eso creemos que el sufrimiento de la ciudadanía no admite informaciones manipuladas, interesadas, partidistas, medias verdades y medias mentiras, o directamente falsas .
El derecho a la información es uno de los bienes más preciados en toda sociedad democrática, sólo por debajo del bien más preciado, como es la vida. Si no se respeta este derecho, se somete la ciudadanía a un estado de alarma informativo que hace aún más penoso el estado de alarma sanitario decretado para combatir la Covidien-19.
