La primera teniente de alcalde se compromete con la Mesa Estatal por el Blindaje de las Pensiones (MERP) a llevar el tema al próximo pleno.
La primera teniente de alcalde del Ayuntamiento de Madrid, Marta Higueras, se ha comprometido a intentar que todos los grupos políticos de la corporación aprueben una declaración institucional de apoyo al blindaje de las pensiones en la Constitución, a petición de la Mesa Estatal por el Blindaje de las Pensiones (MERP).
Si no consigue el apoyo de todos los partidos, Higueras ha dicho que su grupo (Ahora Madrid, que gobierna la corporación municipal bajo la presidencia de la alcaldesa, Manuela Carmena) presentará una moción de apoyo a esa propuesta de la MERP, como han hecho otros ayuntamientos e instituciones de España, para que sea votada en el próximo y último pleno que se celebrará antes de las próximas elecciones municipales, el 30 de abril.
La primera teniente de alcalde mantuvo ayer una reunión con 40 representantes de las 300 organizaciones que constituyen la MERP -entre ellos, el secretario general de la Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP), Agustín Yanel-, que habían solicitado este encuentro para pedirle el apoyo del Ayuntamiento a esta reivindicación.
Higueras les dijo que está «absolutamente de acuerdo» con esa propuesta. En ella, la MERP pide una reforma de la Constitución «que incluya las pensiones públicas como derecho fundamental, con la prohibición expresa de que cualquier gobierno, actual o futuro, pueda tocar, recortar o privatizar, total o parcialmente, el sistema público de pensiones».
Esa reforma de la Constitución, según la petición de la MERP, debe recoger «como obligación constitucional el mantenimiento del poder adquisitivo real de las pensiones, y por tanto la imposibilidad de que ningún tipo de medida, ya sean recortes, subidas de impuestos, copagos, aumento de las tarifas de los servicios básicos o cualquier otra pueda afectar a las tarifas de los servicios básicos o cualquier otra pueda afectar a las pensiones».
La MERP se constituyó hace seis años, con el único objetivo unitario de conseguir que las pensiones sean reconocidas en la Constitución como un derecho fundamental, prohibiendo su privatización o pérdida de poder adquisitivo. Esta propuesta ya ha sido apoyada por el Parlamento de Navarra, la Generalitat Valenciana, el Gobierno de Cantabria, el cabildo de Gran Canaria y 60 ayuntamientos. También estudian su respaldo los parlamentos de Galicia, Comunidad Valenciana y Aragón.
