Ese órgano debe ser una «autoridad decisoria independiente e imparcial» que proteja el derecho de la ciudadanía a recibir información veraz
El grupo parlamentario Sumar ha registrado dos iniciativas en el Congreso de los Diputados, en las que pide que las Cortes Generales aprueben una ley de creación del Consejo Estatal de Medios de Comunicación y que insten al Gobierno a promover una nueva ley reguladora de la publicidad institucional, en la que se garantice que esos fondos públicos sean distribuidos con criterios de proporcionalidad y equidad, respetando la diversidad, el pluralismo y la calidad de la información.
Enrique Santiago, portavoz parlamentario de Izquierda Unida y portavoz adjunto del grupo de Sumar, y el diputado de ese mismo grupo Francisco Sierra, han destacado hoy en rueda de prensa la importancia que tienen estas iniciativas para la regeneración democrática en España en el campo del periodismo y la libertad de información. «Esto tiene que ir acompañado de un paquete de reformas de las instituciones del Estado para modernizarlas y democratizarlas, y que no se vuelvan a producir situaciones como las que hemos vivido del secuestro de instituciones», ha dicho Enrique Satiago en referencia al CGPJ.
Ambas proposiciones no de ley se enmarcan en lo que establece el Reglamento Europeo sobre la Libertad de los Medios de Comunicación, aprobado en marzo por el Parlamento Europeo y el Consejo. Esta norma, de obligada aplicación en toda la Unión Europea, prevé la creación del Consejo Estatal de Medios de Comunicación, y también hacer las modificaciones necesarias en la ley para acabar con la opacidad y falta de equidad en la asignación de recursos públicos o privados para publicidad institucional.
La Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP) recibió con satisfacción en su día ese Reglamento, porque desde que fue constituida hace 23 años ha venido pidiendo un Consejo Estatal de la Información, independiente del Gobierno, financiado con los Presupuestos Generales del Estado e integrado por periodistas, representantes de asociaciones empresariales de la comunicación y de los sindicatos de ámbito estatal y juristas de reconocido prestigio.
En la proposición referida al Consejo Estatal de Medios de Comunicación, Sumar afirma que «las políticas de Estado en materia de comunicación en España son una asignatura pendiente de nuestro sistema democrático. En la cámara legislativa no existe una comisión que aborde cuestiones sustantivas para la democracia en nuestro país en la materia y, a diferencia de los países de nuestro entorno comunitario, no hay siquiera una autoridad específica que garantice el espíritu de la ley y la Constitución en su artículo 20».
«La falta de confianza de la audiencia y el deterioro del sistema informativo son preocupaciones que emplazan a España como país a avanzar reformas democráticas en el espíritu del Reglamento Europeo de Libertad de Medios recientemente aprobado, empezando por constituir una autoridad independiente a nivel estatal que acometa medidas de mejora y cualificación del ecosistema mediático».
Ese Consejo Estatal será una «autoridad decisoria independiente e imparcial», coordinado con el Comité Europeo que prevé el citado Reglamento. Asumirá las competencias en materia audiovisual que ahora tiene la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, ampliándolas a la prensa escrita en cualquier soporte. Como organismo regulador tendrá la responsabilidad de proteger «el derecho de los ciudadanos -recogido por la Constitución Española en su artículo 20- a recibir información veraz y establecerá las garantías necesarias para el cumplimiento de los principios deontológicos en los medios de comunicación».
En la proposición no de ley sobre la publicidad institucional, Sumar indica que es necesario modificar la ley vigente que la regula, para acabar con la opacidad y falta de equidad en la asignación de recursos públicos o privados. Esto es imprescindible para proteger «la libertad y el pluralismo […], dos de los pilares principales de la democracia y del Estado de Derecho», según indica el citado Reglamento.
Según el Media Pluralism Monitor Report, España es el Estado europeo en el que los medios son menos transparentes, solo por delante de Chipre y Hungría. La ley vigente establece que la publicidad institucional debe distribuirse con «criterios objetivos» pero no concreta cómo hacerlo ni impide «malas prácticas, como el pacto previo con las agencias que ganan los concursos de las campañas institucionales», indica Sumar.
«El panorama general muestra una falta generalizada de criterios objetivos a la hora de invertir tanto en publicidad institucional como, sobre todo, en publicidad comercial de las empresas públicas. La opacidad se extiende por todo el proceso de contratación de los servicios y todos los estudios revelan un altísimo nivel de arbitrariedad».
«La falta de transparencia y de criterio común impide evaluar con detalle el gasto publicitario de las distintas administraciones, lo que constituye una forma encubierta de ayudas a medios afines al poder de turno».
Sumar pide al Congreso que inste al Gobierno a aprobar una nueva ley reguladora de la publicidad institucional y la financiación de los medios con recursos públicos; definir criterios objetivos para asignar los recursos públicos; regular un procedimiento para asignarlos con transparencia y que pueda ser consultado por la ciudadanía; constituir organismos de autorregulacion y corregulación, y evaluar un control efectivo para verificar los datos de operadores del mercado y plataformas que tienen el oligopolio del control de las audiencias en materia publicitaria.
