El secretario general de la FEP dice que se debe proteger a los periodistas «del espionaje del Estado y el de las empresas o los grupos de interés privados»
El secretario general de la Federación Europea de Periodistas (FEP), Ricardo Gutiérrez, sostiene que el Reglamento Europeo sobre la Libertad de los Medios de Comunicación (EMFA, por su siglas en inglés de European Media Freedom Act) es una norma «más que necesaria en España, que es uno de los peores alumnos de Europa en materia de protección de las fuentes de los periodistas».
«Los informes del Media Pluralism Monitor [Monitor del Pluralismo Mediático], financiados por la Comisión Europea, son contundentes: los expertos académicos han evaluado que España presenta un nivel de riesgo del 67% en términos de protección de fuentes. A modo de comparación, se trata de un nivel de riesgo dos veces superior al de Portugal. Existe una deficiencia muy preocupante en la protección de las fuentes en España y las autoridades públicas no han hecho nada para mejorar la situación. Así lo constatan informes europeos elaborados por científicos».
El secreto profesional
Ricardo Gutiérrez ha intervenido por videoconferencia desde Bruselas en una mesa redonda sobre El secreto profesional dentro del nuevo universo mediático, en un seminario organizado por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) con el título De Bruselas a la redacción: qué cambia la regulación europea y cómo afecta al trabajo del periodista, celebrado el día 9 de abril.
Explicó que la EMFA es una norma mínima común para la Unión Europea que establece medidas para proteger las fuentes de los periodistas, pero que en su texto deja claro que los Estados miembros pueden adoptar una legislación más protectora al aplicarla. «Hay países, como Bélgica, donde ya existen leyes más protectoras desde hace más de 20 años».
Elementos a reforzar de la EMFA
El secretario general de la FEP –organización de la que forma parte la Federación de Sindicatos de Periodistas (FEP)– considera necesario reforzar varios elementos respecto a lo que establece la EMFA:
• Dejar bien claro que el imperativo de «seguridad nacional» no debe ser utilizado para que los Estados miembros de la UE puedan hacer una excepción en la EMFA y usar software espía contra periodistas. «Es imprescindible establecer una prohibición absoluta, incluso en casos de supuesta amenaza para la seguridad nacional».
• Aunque el citado Reglamento Europeo prohíbe exigir al periodista revelar sus fuentes, detenerle o sancionarle e instalar software de vigilancia en sus dispositivos, en algunas circunstancias permite que se pueda adoptar alguna de esas medidas previa resolución judicial; y también permite que, «en casos excepcionales y urgentes debidamente justificados», esa decisión judicial sea a posteriori. «Hay que ser mucho más restrictivo con estas excepciones. Lo que recomendamos es aplicar la única excepción autorizada por la ley belga de protección de las fuentes, que establece que el secreto profesional de los periodistas es casi absoluto. La ley belga prohíbe los registros y las incautaciones, salvo en caso de amenaza inminente para la integridad física de una persona y si la fuente periodística es necesaria para evitar dicha amenaza. Es imprescindible limitar el número de excepciones. La legislación belga lo hace a la perfección y lleva más de 20 años funcionando muy bien».
• La protección de las fuentes periodísticas debe abarcar no solo las acciones de vigilancia que pueda realizar el Estado, sino también los actores privados, lo que no queda del todo claro en la EMFA. «Es un elemento importante que debe aclararse en la legislación nacional: los periodistas deben estar protegidos contra el espionaje del Estado, pero también contra el espionaje de las empresas o los grupos de interés privados».
El rechazo del PP
El secretario general de la Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP), Agustín Yanel, participó como ponente en la misma mesa. Explicó que la propuesta de regular en una ley la protección del secreto profesional del periodismo fue una iniciativa de varias organizaciones de periodistas, entre ellas la FeSP, en el año 2022. Tras reunirse con los grupos parlamentarios y recabar su apoyo, elaboraron un borrador de texto junto con el Gobierno. Finalmente no pudo ser tramitado en la anterior legislatura porque el Grupo Parlamentario Popular se mostró en desacuerdo con la forma que utilizó el Grupo Socialista para registrarlo en la Cámara –como enmienda a otro proyecto de ley ya en tramitación, para acortar el tiempo de tramitación y que diera tiempo a debatirlo y votarlo antes de que acabara la legislatura–, aunque era una manera legal, y las Cortes fueron disueltas unos meses después por la convocatoria de elecciones generales.
En 2025 el Gobierno elaboró un borrador de anteproyecto mucho más amplio, en el que recoge lo que establece la EMFA y la jurisprudencia europea, y recabó la opinión de las organizaciones de periodistas que habían participado en la redacción del texto anterior. Al ser una ley orgánica que afecta al derecho fundamental a la información, en Moncloa consideran que debería contar con el consenso mayoritario del Congreso; como el Grupo Parlamentario Popular PP no está dispuesto a apoyarla, el Ejecutivo no la enviará a la Cámara Baja.
En la misma mesa participaron también Miguel Ángel Noceda, presidente de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE), Yolanda Quintana, secretaria general de la Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI) y Alejandro Perales, presidente de la Asociación de Usuarios de la Comunicación (AUC). Fue moderada por José María Vidal, presidente del Consejo del Audiovisual de la Comunidad Valenciana y profesor de la Universidad de Valencia.
