Afirman que afecta al derecho a la información de la ciudadanía. La FeSP lo denunció y reclamó una ley que regule el secreto profesional.
Más de medio centenar de periodistas de distintos medios de comunicación, que cada día se encargan de la información de tribunales, han manifestado su rechazo a la decisión de una jueza de Madrid de investigar a cuatro periodistas que publicaron un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Han sido citados a declarar como imputados por un delito de revelación de secretos.
«Quienes suscriben este comunicado quieren manifestar su pleno respeto a la independencia judicial y su convicción de que los periodistas, como todos los ciudadanos, estamos sometidos a la ley y a la Justicia. Pero no podemos compartir la apertura de una investigación que puede afectar gravemente al derecho de la sociedad a una información veraz sobre procedimientos judiciales de enorme trascendencia social e institucional», afirman en un escrito que han enviado a la presidenta del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Isabel Perelló, al Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) y a la decana de los juzgados de de la capital.
Este posicionamiento de los profesionales de la información de tribunales coincide con la condena que expresó la Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP) tras conocerse esa imputación. «La FeSP lamenta y rechaza que un juez cite como imputados a cuatro periodistas que publicaron un informe de la UCO. Han hecho su trabajo: informar. El secreto profesional lo protege la Constitución; es urgente una ley que lo regule», afirmó esta organización.
En el escrito, los periodistas firmantes afirman: «Si los periodistas que se han limitado a cumplir con su deber constitucional de difundir informaciones debidamente contrastadas en un asunto de indudable interés público se ven sometidos a investigaciones penales por ejercer su oficio, amparado por el artículo 20 de la Constitución, tanto ellos como sus fuentes de información padecerán el efecto disuasorio (‘chilling effect’) que los tribunales internacionales, europeos y españoles han considerado extremadamente perjudicial para las sociedades democráticas».
Cuando lo cuatro periodistas investigados publicaron el informe de la UCO, los abogados del fiscal general del Estado y de la fiscal jefa provincial de Madrid presentaron una queja ante el magistrado del Tribunal Supremo que tramita el proceso en el que ambos están imputados por un delito de revelación secretos, por la denuncia que presentó Alberto Goznález Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. La jueza a la que correspondió investigar la filtración de ese informe a la prensa acordó abrir diligencias de investigación a cuatro periodistas de El País, El Mundo y 20 Minutos.
Los firmantes del escrito indican que los abogados invocaron en su queja el artículo 301 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, «que concierne a las partes del proceso judicial y en ningún caso a los profesionales de los medios de comunicación, que gozan del secreto profesional que consagra la Constitución Española». «Una garantía frente a las injerencias del Poder que intentase disuadirnos de cumplir con nuestra función constitucional arriba referenciada».
«Por último, queremos reivindicar la independencia, profesionalidad y honestidad de los compañeros investigados y de los que pudieran verse en la misma situación en fechas futuras, dado que son múltiples los medios que vienen publicando de igual forma el contenido de la causa mencionada», concluye el escrito que han firmado 55 periodistas de la información de tribunales.
Además de la FeSP, también se han manifestado contra la imputación de esos cuatro periodistas la Plataforma por la Libertad de Información (PLI, uno de cuyos miembros fundadores es la FeSP), la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) y Reporteros sin Fronteras (RSF), entre otras organizaciones.
