A tres años de su aprobación, niños y niñas siguen accediendo en internet a contenidos violentos, pornográficos y publicidad de juegos o bebidas alcohólicas.
La Asociación de Usuarios de la Comunicación, ICmedia y la Plataforma Infancia, integrada por más de 70 organizaciones defensoras de los derechos de la infancia y la adolescencia, han reclamado al Gobierno la plena aplicación de la Ley General de Comunicación Audiovisual (LGCA) para garantizar la protección de los mejores.
Esta ley fue aprobada hace tres años, pero no se puede aplicar plenamente porque aún no se ha puesto en marcha un sistema de regulación voluntaria, con la participación de todos los sectores involucrados. «Las consecuencias de este retraso son particularmente graves en el caso de la protección de las personas menores de edad ante los contenidos inadecuados y nocivos, y muy especialmente, en el caso de su difusión a través de plataformas de intercambio de vídeos y redes sociales», indican en un comunicado.
La ley regula la actividad no sólo de las televisiones y de las plataformas de streaming, sino también de las plataformas de internet, las redes sociales y los creadores que difunden sus contenidos audiovisuales a través de esas plataformas y redes, como los llamados influencers.Las organizaciones citadas han dirigido una carta al ministro de Transición Digital y Función Pública, Óscar López, en la que recuerdan que, a pesar de esta ley, todavía no se ha concretado el modelo de corregulación que es necesario para su funcionamiento.
Como consecuencia, en la actualidad «los niños y niñas en España siguen accediendo a través de internet a todo tipo de contenidos violentos y pornográficos, o a otro tipo de contenidos inadecuados (por ejemplo, publicidad de juegos o bebidas alcohólicas) sin ninguna cortapisa y sin que ni siquiera se avise de que se trata de contenidos para adultos».
En la carta piden al Gobierno:
— La creación y puesta en marcha urgente del sistema de autorregulación y el acuerdo de corregulación previstos en la ley, con la participación de la sociedad civil.
— Integrar en ese modelo a todos los creadores de contenidos audiovisuales, las plataformas de intercambio de vídeos y las redes sociales a través de las cuáles se difunden esos contenidos.
— La obligación efectiva a los creadores de contenidos de calificarlos para su difusión, advirtiendo, en su caso, del carácter nocivo para menores o de su naturaleza comercial.
— Que las plataformas de vídeos y las redes deban implementar herramientas que permiten a los creadores de contenidos cumplir con sus obligaciones de información, exigiendo la calificación de contenidos como condición previa a su difusión y estableciendo sistemas operativos que permitan integrar la calificación con los sistemas de verificación de edad y las herramientas de control parental.
