Media Freedom Rapid Response considera que se trata de un“vejatorio SLAPP” que demuestra la necesidad urgente de una legislación anti-SLAPP nacional y europea.
Media Freedom Rapid Response (MFRR) se suma a las condenas expresadas por otras organizaciones defensoras de prensa por lo que consideran “el vejatorio SLAPP contra el diario El Confidencial por parte de la eléctrica española Iberdrola, que reclama 17,6 millones de euros por supuesto “daño reputacional”. Los socios de MFRR ven la demanda como otro ejemplo de la necesidad urgente de introducir una legislación anti-SLAPP a nivel nacional y de la UE y reformar las disposiciones legales actuales sobre protección del honor y la reputación en línea con los estándares internacionales de libertad de expresión”.
La organización considera que son demandas exorbitantes por el presunto “daño reputacional a la empresa” que considera que “El Confidencial” a realizado “una auténtica campaña de desprestigio y acoso mediático” contra la empresa y su presidente y cuantifica los supuestos daños causados en 17.600.000 euros. y dijo que se reserva el derecho de ajustar esta cifra al alza si se publica nueva información difamatoria. Nuestras organizaciones condenan enérgicamente estas demandas exorbitantes y ven la demanda como un intento de represalia por silenciar al periódico y sus informes sobre un asunto importante de interés público.
Las grabaciones y documentación publicada por el medio se referían a operaciones encubiertas financiadas por la empresa eléctrica, incluyendo espionaje a líderes políticos, maniobras contra ambientalistas y vigilancia a líderes sindicales por parte de la propia empresa.
Los socios de MFRR ven esta acción legal de una gran empresa privada como una demanda SLAPP grave destinada a intimidar y silenciar a un medio de comunicación independiente en España. Lo que haría de urgencia necesaria “una normativa SLAPP a nivel comunitario y nacional, y de una reforma de la legislación vigente en materia de protección del honor y la reputación en España”.
Entre las organizaciones que ya han expresado criterios similares se halla la Plataforma en Defensa de la Libertad de Información, de la cual la FeSP es miembro fundador.
