Se reunirán en Sevilla el 23 y 24 de marzo por unos MMPP «para la ciudadanía, sin injerencias políticas, comerciales, ni al servicio del gobierno autonómico»
Los comités de empresa de las radiotelevisiones públicas de las comunidades autónomas, que integran la plataforma RTVs públicas en lucha, van a mantener un encuentro en Sevilla los días 23 y 24 de marzo. Denuncian la «manipulación, externalización y recortes, denominador común de las radiotelevisiones públicas».
«Por ello, la mayoría vestimos de negro un día a la semana. Desde la alianza ‘Radiotelevisiones Públicas en lucha’, y como comités de empresa, defendemos unos medios de comunicación públicos para la ciudadanía, sin injerencias políticas, comerciales, ni al servicio del gobierno autonómico», afirman en un comunicado.
Esta plataforma, que se constituyó en marzo del año pasado en un encuentro celebrado en Santiago de Compostela, denuncia diversas irregularidades en las distintas cadenas autonómicas. Entre otras, cita las siguientes:
– Andalucía. La plantilla de RTVA se ha reducido en 350 personas en los últimos años y se prevén 400 jubilaciones. Han contratado a dedo a cinco redactores, incumpliendo el convenio colectivo.
– Aragón. Los profesionales de los informativos están contratados por la productora Chips Audiovisual, del Grupo Henneo, pero los editores y realizadores pertenecen a la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión, lo que genera desigualdades e indefensión.
– Canarias. La Radio Televisión Canaria (RTVC) no aplica el convenio colectivo que firmaron hace dos meses. El programa informativo Buenos días Canarias ha sido reducido en una hora diaria.
– Castilla-La Mancha. La radiotelevisión Castilla-La Mancha Media (CMM) va a cumplir 25 años y tiene «el Estatuto de Redacción y el Consejo de Informativos guardados en un cajón». El comité se queja de falta de interlocución con la directora general, Carmen Amores, que fue elegida por el presidente de la comunidad hace más de una década.
– Catalunya. La dirección de TV3 y Catalunya Ràdio abusa de la contratación arbitraria de altos cargos: hay más de 400 mandos y eso «se convierte en una losa para el futuro. Son los responsables de una política de marcas cuestionada de forma general».
– Comunidad Valenciana. En À Punt han desactivado el Consejo de Informativos y han nombrado a un director de informativos «con un histórico de malas prácticas».
– Euskadi. El convenio colectivo de la cadena EITB es de 1989, han ido haciendo algunos añadidos pero «no existe negociación colectiva real». La promoción interna no es transparente ni se basa en méritos y capacidad.
– Extremadura. La plantilla de los servicios informativos pertenece a una empresa externa y no hay voluntad de integrarla. Existe falta de personal, y precariedad en las instalaciones, equipamiento técnico y herramientas digitales para trabajar.
– Galicia. La Corporación de Servicios Audiovisuales de Galicia (CSAG) incumple la nueva ley que la regula, no ha renovado el consejo de administración ni otros órganos.
– Madrid. Con las sucesivas reformas que ha llevado a cabo el Gobierno autonómico han alterado el modelo de gobernanza y falta planificación estratégica. La plantilla es insuficiente y está envejecida.
En la plataforma RTVs públicas en lucha participan representantes de distintos comités de empresa de sindicatos que forman parte de la Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP).
