El Reglamento Europeo de Libertad de Medios de Comunicación satisface estas reivindicaciones históricas de la FeSP.
Una de las primeras medidas que impone el Reglamento Europeo de Libertad de Medios de Comunicación sancionado por el Consejo de Europa es la que dispone, a partir de ayer, obliga a que los medios de comunicación tendrán que hacer pública la información sobre sus propietarios así como la obligación de declarar la publicidad institucional que reciben.
En concreto y con respecto al primer caso estarán obligados a difundir “el nombre o los nombres de sus titulares directos o indirectos, que posean paquetes accionariales que les permitan ejercer influencia sobre el funcionamiento y la toma de decisiones estratégicas, incluida la titularidad directa o indirecta estatal o por parte de una autoridad o entidad pública”. La motivación de la UE es clara: que los lectores, oyentes o espectadores sean conscientes de qué intereses pueden estar detrás de la información que reciben.
En cuento la obligatoriedad de declarar los orígenes y cantidades de la publicidad institucional que perciben responde a la preocupación de la autoridad europea sobre la transparencia en los manejos de los fondos públicos que, en muchos casos, son utilizados para comprar las voluntades de los medios y, en otros, son de vital importancia para la supervivencia de algunos medios- Por lo cual la normativa europea quiere evitar que se otorguen de forma “discriminatoria” según las simpatía de la administración que las otorga.
“La asignación opaca y sesgada de dichos fondos es, por tanto, un instrumento poderoso para ejercer influencia sobre la libertad editorial de los prestadores de servicios de medios de comunicación, de ‘captación’ de los prestadores de servicios de medios de comunicación o de subvención o financiación encubierta de dichos prestadores de servicios para adquirir una ventaja política o comercial injusta o una cobertura favorable”, recoge el reglamento.
A pesar de que el texto legal ha entrado formalmente en vigor este martes pasado será de aplicación obligada a partir del 8 de agosto de 2025. y su objetivo es garantizar la pluralidad mediática y blindar a los medios de las posibles injerencias políticas y ataques a la libertad periodística y los riesgos al pluralismo en Europa.
Los medios de comunicación tendrán que hacer pública la información sobre sus dueños. En concreto, estarán obligados a difundir “el nombre o los nombres de sus titulares directos o indirectos, que posean paquetes accionariales que les permitan ejercer influencia sobre el funcionamiento y la toma de decisiones estratégicas, incluida la titularidad directa o indirecta estatal o por parte de una autoridad o entidad pública”. La motivación de la UE es clara: que los lectores, oyentes o espectadores sean conscientes de qué intereses pueden estar detrás de la información que reciben.
A pesar de que el texto legal ha entrado formalmente en vigor, esa obligación no será inmediata, sino que se aplicará a partir del 8 de agosto de 2025. Lo mismo sucede con la obligatoriedad de declarar la publicidad institucional que perciben los medios.
Ambas medidas, que son las primeras del amplia paquete de normas que incluye el Reglamento es saludado con alivio por la Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP) que las viene reivindicando desde hace años y que por fin llega desde el parlamento europeo.
