La periodista estaba informando en directo de un desahucio en los Orriols. El Consejo de Informativos denuncia «comportamiento prepotente» de la policía que no aceptó la identificación del medio.
La Policía Nacional ha denunciado por desobediencia a una periodista de la televisión autonómica valenciana À Punt, Pilar de la Fuente, cuando intentaba informar, con una conexión en directo, de un desahucio en el barrio de los Orriols de Valencia, donde se habían concentrado cerca de cincuenta personas como señal de protesta.
Los agentes le han identificado a ella y al periodista del diario Levante-EMV Gonzalo Sánchez, cuando los dos pedían poder atravesar al otro lado de la calle para ver qué estaba pasando en la puerta del edificio por el que se accedía en la vivienda que iba a ser desahuciada. Los periodistas argumentaban que no podían ver lo que estaba pasando exactamente desde su posición.
Pilar de la Fuente, en cambio, apunta que aunque han intentado ir al otro lado de la calle, ella y el cámara que le acompañaba, para grabar las imágenes de la puerta del edificio, los agentes se lo han impedido.
En el requerimiento para identificarse, la periodista, que no llevaba el DNI encima, les ha mostrado el carné de la Unión de Periodistas y el que la identificaba como trabajadora de la radiotelevisión pública valenciana con la intención de acreditarla la condición de profesional de la información.
Sin embargo, la Policía frenó la intención que tenía de moverse, incluso la empujó, según relató la afectada en “Las noticias de la mañana” minutos después de ser denunciada, y rellenó la hoja de la denuncia.
A partir de estos hechos, en el acta de la denuncia se acusa a la periodista de «traspasar la zona de seguridad establecida» por los agentes para llevar a cabo el desalojo y «provocar a la masa».
El Consejo de Informativos de À Punt, por su parte, transmitió su apoyo a la periodista denunciada y al compañero del diario Levante-EMV que sufrieron las presiones y el «comportamiento prepotente» por parte de la policía. Este órgano recordó que los profesionales ejercían su «función esencial» de informar a la sociedad, que reconoce el artículo 20 de la Constitución.
Asímismo ha pedido a la delegada del gobierno español en la Comunitat Valenciana la retirada inmediata de la propuesta de sanción.
