Huelga indefinida desde octubre contra el desmantelamiento del servicio y los intentos de castigar y coaccionar a los huelguistas.
La Federación Europea de Periodistas (FEP) se solidariza con los trabajadores de la radiotelevisión pública de Galicia (CRTVG), que se encuentran en huelga indefinida desde el 7 de octubre contra el desmantelamiento del servicio público y los intentos de castigar y coaccionar a los trabajadores que ejercen su libre derecho a la huelga.
Hoy se suspende temporalmente la huelga tras más de treinta días que han paralizado la emisión de la revista externalizada ‘O Termómetro’, que sustituye al antiguo programa ‘A Revista’, en antena desde hace casi treinta años. Se emitirá el último programa de los 65 inicialmente contratados, y el comité de huelga se despide con un paro de 24 horas a la espera de las próximas decisiones empresariales de la radiotelevisión pública al respecto.
El nuevo programa de televisión es prácticamente idéntico al anterior pero un 154% más caro, al estar contratado a empresas externas. Se suma así a una tendencia que los medios públicos gallegos llevan sufriendo más de una década, que profundiza en la manipulación de los contenidos, al estar elaborados por empresas afines y sin el compromiso de servicio a la ciudadanía que tienen los trabajadores públicos.
El nuevo marco legislativo que pretende aprobar la Xunta de Galicia, con su mayoría absoluta, será fundamental para el futuro inmediato de los medios de comunicación públicos. El proyecto de ley elimina las garantías de la producción propia y la protección de la producción informativa, que así podrá externalizarse por completo. Una representación del comité de huelga se desplazó a Estrasburgo por invitación de la eurodiputada Ana Miranda para llamar la atención de las instituciones europeas sobre los peligros de un proyecto que podría aprobarse a principios de 2025.
Además, la reforma propuesta prevé la elección por mayoría absoluta de la dirección general del radiodifusor, en lugar de la actual mayoría reforzada, que en la práctica supone la elección directa por el Partido Popular.
Ante la remisión del texto al parlamento regional este mes, la FEP destaca la necesidad de garantizar la independencia y pluralidad de los servicios audiovisuales, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley Europea de Libertad de Prensa, que será de obligado cumplimiento a partir de agosto de 2025.
La FEP defiende la importancia vital de salvaguardar el funcionamiento independiente de los medios de comunicación públicos consolidándolos como muro de contención frente a las amenazas a la democracia que ciertos entornos mediáticos protegen fomentando fenómenos como las noticias falsas y la desinformación.
