Distintas organizaciones militantes de la libertad de información, entre ellas la FIP, han lanzado un comunicado en el cual advierten de este riesgo para el derecho a la información de la ciudadanía.
Ante la decisión de la justicia británica de poner en manos de la ministra de Interior de Gran Bretaña la decisión de la entradición de Julian Assange a Estados Unidos para ser juzgado allí por espionaje por el mero hecho de difundir imágenes delictivas del ejército estadounidense en Iraq, distintas organizaciones militantes de la libertad de información han lanzado un comunicado en el cual, entre otras cosas, señalan:
“En diferentes ocasiones, hemos llamado a las autoridades británicas, francesas y europeas a poner fin a la persecución de Julian Assange. Es con esta convicción que una vez más, y ante la evolución de la ley de denuncia de irregularidades en Francia y en Europa, renovamos, con urgencia e insistencia, nuestro petici´´on a los Estados Unidos de retirar su solicitud de extradición; al Reino Unido para liberar de inmediato a Julian Assange; y Francia a concederle asilo político.
El fundador de WikiLeaks es de hecho uno de estos «facilitadores» que la directiva para la protección de los denunciantes adoptada por la Unión Europea en 2019 ha venido a proteger y reconocer: estas personas que, según la ley francesa, «ayudan a un denunciante para hacer un informe o divulgación». Francia se ha posicionado como punta de lanza de la transposición de este texto, reivindicándolo como un «marcador democrático». Amplió las posibilidades ofrecidas a los denunciantes para divulgar su información a la prensa. ¿Puede al mismo tiempo ignorar la partitura de bajo por la libertad de alertar e informar quién está tocando al otro lado del Canal?
Cuando se cometen delitos graves o sistémicos, cuando no se escuchan alertas, ya no hace falta demostrar la virtud democrática de las filtraciones . Panama Papers, Implant Files, Football Leaks… Estas «fugas de información» han provocado escándalos y suscitado grandes debates sociales que han cambiado las mentalidades y, por desgracia, más raramente, la legislación en el sentido correcto: el de la ética. Proporcionan material para periodistas de investigación. Arman a los ciudadanos para exigir reglas de juego más justas y éticas. Desafian a los líderes que ya no pueden aclararse diciendo que «no sabían».
Todo esto, WikiLeaks lo prefiguró al atacar, entre otras cosas, los crímenes de guerra de un estado poderoso. Por eso, su fundador, Julian Assange, se encuentra hoy en el banquillo. ¿Permaneceríamos indiferentes si tales acusaciones se hicieran contra las personas que permiten documentar lo que sucede hoy en Ucrania o antes en Siria?
Julian Assange se enfrenta a 175 años de prisión por dar a los denunciantes la oportunidad de revelar las fechorías que presenciaron. Estos elementos por sí solos exigen clemencia. Porque nadie debe ser castigado por haber defendido el interés general. Ni Julian Assange ni todos los que facilitan o portan alertas y que, por el significado simbólico de su extradición, serían silenciados.
Por eso, hoy nos parece crucial recordarle al Reino Unido que lo que está en juego en el pedido de extradición que estudiará el 20 de abril es ni más ni menos que el destino del derecho de alerta. Assange, WikiLeaks, consorcios de periodistas, asociaciones y medios independientes forman un ecosistema que rodea, apoya y protege a los denunciantes; un ecosistema a través del cual ya no están solos y pueden hacer oír su voz en beneficio de todos los ciudadanos.
Atacar a uno de sus componentes emblemáticos es buscar demostrar que es peligroso denunciar los crímenes de Estado y erosionar así una de las principales salvaguardas democráticas. Es un intento de dar ejemplo para desalentar cualquier intento posterior de alertas.
Es inconcebible que la justicia británica tenga esta responsabilidad y, en ausencia del abandono del proceso por parte de la justicia estadounidense, le pedimos que rechace la extradición y libere al Sr. Julian Assange sin demora.
Firman: Casa de los denunciantes, Federación Internacional de Periodistas, Informar no es delito, Sindicato Nacional de Periodistas (SNJ), Unión Nacional de Periodistas de la CGT (SNJ-CGT), Reporteros Sin Fronteras, Transparencia Internacional Francia, Ciencia ciudadana, APESAC, L214, Investigación Sur EPST – Solidaridad, Gisti.
