PLI y RSF rechazan las acciones judiciales iniciadas contra periodistas por supuestas filtraciones de las que no son responsables.
La Plataforma por la Libertad de Información (PLI), uno de cuyos fundadores es la Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP) manifiesta su profunda preocupación por la decisión judicial de imputar a cuatro periodistas por publicar un informe policial relacionado con la causa abierta contra el fiscal general del Estado.
Jacobo Dopico, jurista de la Plataforma y catedrático de Derecho Penal de la Universidad Carlos III, ha declarado: “La labor periodística de publicar hechos noticiables tras una contrastación diligente está amparada por la Constitución. No puede ser criminalizada por el hecho de que la fuente pudiera ser una hipotética filtración procedente de una instrucción penal. La garantía constitucional de la libertad de prensa protege claramente al periodista, y el hecho de que la fuente haya cometido alguna posible conducta ilícita no altera esta conclusión”.
Dopico subraya, además, la jurisprudencia reiterada y clara del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), que ha sentenciado lo siguiente: “Ha establecido de manera constante que las garantías de la libertad de prensa no ceden aunque la fuente del periodista haya violado algún deber de secreto. De hecho, son numerosos los casos en los que este tribunal ha condenado a distintos Estados por actuaciones similares, como investigar a periodistas o registrar sus despachos por publicar información derivada de filtraciones supuestamente ilegales. Entre estos casos destacan Roemen & Schmitt contra Luxemburgo (2003), Ernst y otros contra Bélgica (2003), Tillack contra Bélgica (2007), Voskuil contra Países Bajos (2012) o Nagla contra Letonia (2013)”.
La Plataforma insiste en que las autoridades judiciales españolas deben respetar rigurosamente la doctrina del TEDH, conforme establece explícitamente el artículo 10.2 de la Constitución Española.
Por ello, insta al cese inmediato de cualquier acción penal contra periodistas cuyo único delito ha sido ejercer responsablemente su derecho a informar sobre hechos de indudable interés público y trasladará el caso a los organismos europeos de defensa de la libertad de prensa.
Por su parte la organización internacional Reporteros Sin Fronteras (RSF) recuerda tres puntos esenciales que deben ser tenidos en cuenta en todo proceso judicial que afecte a los profesionales de los medios:
– El secreto profesional está amparado por la Constitución Española. La ley garantiza a los periodistas el derecho a proteger sus fuentes de información, un principio fundamental para el ejercicio de la libertad de prensa. Este derecho asegura que los periodistas puedan cumplir con su labor informativa sin temor a represalias por revelar información de interés público.
– La doctrina del Tribunal Constitucional establece de forma clara que el derecho a informar prevalece cuando la información publicada es veraz y de interés público, dos extremos que concurren en las informaciones sobre el informe de la UCO, por las que han sido imputados los periodistas.
– La custodia de los sumarios es responsabilidad de la administración de justicia, y no de los medios de comunicación. Por tanto, los periodistas no deben ser castigados por publicar información que haya sido filtrada o que haya llegado a su conocimiento por cauces totalmente habituales en su profesión y que permiten cumplir con su función de servicio público y de satisfacer el derecho a la información de los ciudadanos.
RSF España seguirá de cerca el desarrollo del procedimiento judicial, reafirmando su compromiso con la defensa de la libertad de prensa y el derecho de los ciudadanos a recibir información veraz, libre e independiente.
