La propuesta de texto articulado para abordar la trasposición de la directiva del Parlamento y el Consejo europeos sobre informadores pretende estar lista antes de fin de año.
La propuesta del texto articulado para abordar la trasposición de la directiva europea 2019/1937 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2019, relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión del Parlamento Europeo y del Consejo de Europa, se pretende que esté lista antes de este 2 de diciembre.
Así lo ha señalado el grupo de trabajo, dentro de la Sección de Derecho Público de la Comisión General de Codificación, que se está encargando de preparar esa propuesta para la fecha indicada, si bien la fecha tope para la transposición de la Directiva es el 17 de diciembre de 2021. En la primera sesión constitutiva del grupo, se han sentado las bases y líneas directrices marcadas por el Ministerio de Justicia para que el grupo de trabajo pueda desempeñar adecuadamente su cometido.
Esta norma de rango europeo, conocida
como la directiva whistleblowers, persigue buscar nuevos
canales eficientes contra la delincuencia y la corrupción. El
legislativo europeo pretende proteger de manera especial a las
personas que trabajan para una organización pública o privada o
están en contacto con ella en el contexto de sus actividades
laborales y que son, a menudo, las primeras en tener conocimiento de
amenazas o perjuicios para el interés público.
Los
denunciantes de esas infracciones del Derecho de la Unión
perjudiciales para el interés público- llamados en inglés
coloquial whistleblowers– desempeñan un papel clave a la hora
de descubrir y prevenir esas infracciones y proteger el bienestar de
la sociedad. Sin embargo, el temor a las represalias les lleva, a
veces, a renunciar a informar sobre sus preocupaciones o sospechas.
Es en este contexto en el que surge la necesidad de prestar una protección equilibrada y efectiva a estos denunciantes, tanto a escala de la propia Unión Europea como internacionalmente.
Cabe recordar que España es uno de los estados miembros de la Alianza de Gobierno Abierto –‘Open Government Partnership’– desde el año 2011, siendo el principal objetivo de esta organización reforzar los vínculos entre la ciudadanía y los gobernantes. Así se fomentan los principios de gobierno abierto como la transparencia, la rendición de cuentas, la participación ciudadana y los datos abiertos. Con este modelo, como es tradición en la Comisión General de Codificación, se aúnan en el ámbito de la actividad administrativa prelegislativa, el interés público y la experiencia técnica de impulso normativo, junto con la experiencia técnica de los expertos de los distintos sectores implicados.
Por otra parte, desde su inicio el Grupo de Trabajo contará con el apoyo transversal de todos los Departamentos con sectores de regulación afectados por la Directiva, con el objeto de establecer no solo un marco general de protección sino también atender las especialidades y singularidades sectoriales.
