El Gobierno no explica cómo pretende ampliar las protecciones más allá de la difamación, de acuerdo con sus obligaciones ante la UE.
La Red Anti-SLAPP de Irlanda, una coalición de organizaciones de la sociedad civil, abogados especializados en medios de comunicación y académicos, ha colaborado con el gobierno durante todo este proceso para mejorar el proyecto de ley. Habíamos propuesto tres enmiendas específicas que habrían fortalecido significativamente la legislación. Ninguna de ellas se ha incorporado.
Sin embargo señala que si bien el Proyecto de Ley incorpora disposiciones que dan efecto a aspectos de la Directiva Anti-SLAPP de la UE y su aplicación a los casos nacionales de difamación es bienvenida, no logra transponer el conjunto completo de estándares y protecciones mínimas de la Directiva, que Irlanda está legalmente obligada a implementar en su totalidad para mayo de 2026. Las disposiciones anti-SLAPP del Proyecto de Ley se aplican únicamente a los procedimientos por difamación, a pesar de que las SLAPP suelen explotar otras causas de acción, como la privacidad, los derechos de autor y la protección de datos, para intimidar y silenciar la expresión de interés público. El gobierno no ha proporcionado una explicación clara de cómo pretende ampliar las protecciones más allá de la difamación, de acuerdo con sus obligaciones ante la UE.
La legislación también omite componentes clave de la Directiva que podrían haberse incluido fácilmente. Entre ellos, la previsión de intervenciones de terceros en apoyo de los demandados por SLAPP (artículo 9), la garantía por daños y perjuicios (artículo 10) y la inversión de la carga de la prueba (artículo 12). La legislación tampoco incorpora las protecciones contra las SLAPP iniciadas en países no pertenecientes a la UE (artículos 16 y 17). Al no incorporar estas salvaguardias fundamentales, el gobierno irlandés se expone a posibles procedimientos de infracción por parte de la Comisión Europea.
El gobierno podría y debería haber recurrido a las mejores prácticas internacionales establecidas, incluida la Recomendación del Consejo de Europa sobre la lucha contra el uso de las SLAPP. Esta Recomendación incluye salvaguardias vitales, como la suspensión automática de los procedimientos mientras se tramita una moción de desestimación anticipada, diseñadas para proteger contra litigios abusivos. Proporciona una guía clara y práctica para salvaguardar la libertad de expresión y la rendición de cuentas democrática. Sin embargo, el gobierno parece haberla ignorado casi por completo.
Mientras el proyecto de ley se presenta ante el Senado, estas organizaciones instan a los senadores a realizar las modificaciones necesarias para garantizar que Irlanda aproveche la oportunidad de proteger la libertad de expresión. Si el proyecto de ley actual se aprueba, periodistas, defensores de los derechos humanos y ambientales, académicos y denunciantes seguirán siendo vulnerables a litigios abusivos destinados a silenciarlos.
