El Sindicato de Periodistas de Madrid pide que ese reparto se haga con criterios exclusivamente objetivos y no ideológicos por afinidad con la administración de turno.
El Sindicato de Periodistas de Madrid (SPM) -que forma parte de la Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP)- ha expresado su apoyo a La Marea, El Salto, InfoLibre, Carne Cruda y CTXT, medios que han denunciado la discriminación que sufren por «el uso arbitrario de la publicidad institucional y del dinero público por parte del Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid».
La FeSP se suma a esta denuncia, muestra su apoyo y solidaridad a los trabajadores y trabajadoras de esos medios e insta al alcalde, José Luis Martínez Almeida, y a la presidenta, Isabel Díaz Ayuso, a que distribuyan la publicidad institucional respetando y cumpliendo los criterios que establece la Ley 29/2005, de Publicidad y Comunicación Institucional, la Ley 19/2013, de Transparencia, Acceso a la Información y Buen Gobierno y la jurisprudencia de los tribunales.
El SPM ha recibido una carta de esos cinco medios, en la que denuncian la discriminación que padecen. El sindicato ha difundido un comunicado en el que indica lo siguiente:
«En esta carta se describe el uso partidista de la inversión publicitaria de ambas administraciones públicas, en un claro ejemplo de discriminación por motivos ideológicos. En los últimos cuatro años, ninguno de estos medios de comunicación, con sede social en Madrid, ha recibido una sola inserción publicitaria, pese a contar con una larga trayectoria y un notable impacto informativo.Desde el SPM queremos mostrar nuestro absoluto apoyo a las compañeras y compañeros que han realizado esta denuncia. Entendemos que el reparto entre los medios de comunicación del presupuesto destinado a publicidad institucional debe guiarse por criterios exclusivamente objetivos y no ideológicos de afinidad con la administración de turno. Solo así se garantiza la pluralidad informativa.
Al discriminar a esos medios, el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid vulneran el artículo 14 de la Constitución, según han declarado en reiteradas sentencias tanto el Tribunal Constitucional como el Tribunal Supremo y los tribunales superiores de Justicia de las comunidades autónomas. El Tribunal Constitucional establece que el criterio básico que deben tener en cuenta las administraciones públicas para el reparto de la publicidad institucional, es el de la audiencia de cada medio, debidamente controlada por empresas especializadas y en relación con las tarifas que ofrece.
El Sindicato de Periodistas de Madrid considera que el dinero público de las inserciones publicitarias debe de usarse de una manera responsable y ética, para que las políticas llevadas a cabo por las administraciones públicas lleguen a la totalidad de la ciudadanía. Sesgar estas inserciones publicitarias es un acto antidemocrático que solo responde a intereses partidistas.
Por último, instamos al resto de sindicatos de periodistas, asociaciones de profesiones y federaciones a respaldar esta justa denuncia, en pro de un reparto institucional democrático que responda a criterios objetivos.»
