En un duro manifiesto demanda que los ministerios de Interior y de Defensa asuman las responsabilidades políticas por los heridos y muertos durante la protesta.
Ante los continuados y crecientes ataques a periodistas que están cubriendo los graves disturbios en Perú, la hermana Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP), afiliada a la FIP ha denunciado en detalle los excesos policiales contra trabajadores de prensa en todo el país
La Asociación Nacional de Periodistas del Perú, que representa a más de 12 mil trabajadores y trabajadoras de la prensa organizados en 115 asociaciones provinciales, se ha dirigido a los poderes del Estado, a la opinión pública nacional y a la comunidad internacional para manifestar lo siguiente:
1. El papel del periodismo es hacer de la información un derecho del pueblo por lo que debe estar al servicio de la verdad y no convertirse en instrumento de los grupos de poder. Por ello, reconocemos el trabajo de cobertura que realizan periodistas en calle de la prensa nacional, local, independiente y extranjera.
A pesar de ello, deslindamos del tratamiento informativo que dan, en su mayoría, los medios de la prensa de alcance nacional -de manera particular la denominada prensa concentrada- de las legítimas protestas ciudadanas expresadas en diferentes ciudades del territorio nacional. Los manifestantes no son vándalos y menos terroristas, rechazamos esas expresiones hacia nuestros compatriotas.
2. Condenamos toda vulneración de los derechos humanos, y en ese marco denunciamos los crímenes cometidos por las fuerzas armadas y policiales. Exigimos que se dé un tratamiento humano a la actual crisis en todos los niveles del gobierno, dejando de lado intereses particulares y anteponiendo en primer lugar el bienestar del pueblo peruano; de la misma forma, demandamos el repliegue de las fuerzas armadas, cuya formación no es competente para atender conflictos civiles.
3. Como gremio integrante de la sociedad civil, reconocemos el derecho ciudadano a la legítima protesta, garantizado y protegido por la Constitución y los sistemas interamericano y universal de Derechos Humanos. El mismo es un vehículo democrático para que la sociedad se exprese ante sus autoridades y genere los cambios necesarios para el progreso del pueblo. En ese marco, hacemos un llamado a la ciudadanía que hace ejercicio de su legítimo derecho a la protesta a identificar y apartar a las personas que están vulnerando derechos individuales, atentando contra infraestructura pública y privada, con actos que intentan desvirtuar legítimas consignas.
4. Exigimos a las empresas mediáticas hacerse cargo de la protección de hombres y mujeres de prensa que cubren las protestas. Como entidades empleadoras tienen la obligación legal de brindarles los implementos adecuados para salvaguardar su integridad.
Asimismo, recordamos a las fuerzas del orden que, en el marco de sus competencias, se encuentra el proteger a hombres y mujeres de prensa que cumplen funciones de cobertura periodística. Por ello, tienen la obligación de proteger la integridad física de nuestros colegas y el derecho de la libertad de prensa, en el marco de sus obligaciones constitucionales y compromisos asumidos con el sistema interamericano de Derechos Humanos.
5. Valoramos la especial importancia del trabajo que realizan medios independientes, locales y de prensa extranjera en la cobertura del conflicto. Su labor permite una lectura integral de los hechos que suceden cotidianamente. Por ello, condenamos cualquier forma de estigmatización o agresión. Nuestros y nuestras colegas que cubren las protestas localmente, entre ellos corresponsales de los medios de alcance nacional, son ciudadanos y ciudadanas ejerciendo su derecho al trabajo, no son los responsables del tratamiento que se le brinda a la información en el medio de comunicación para el que laboran.
6. Desde la ANP mantenemos la exhortación permanente a que los medios de comunicación en general trabajen en el marco de la ética, con apego a los principios básicos del periodismo. Asimismo, invocamos a que los y las periodistas se organicen dentro de los medios de comunicación con el fin de deslindar de manera colectiva de tratamientos informativos que desvirtúan la verdad y lesionan el derecho a la información de la ciudadanía.
7. Demandamos que el Ministerio del Interior y el Ministerio de Defensa asuman las responsabilidades políticas por los heridos y muertos durante la protesta. Estos crímenes no pueden quedar impunes, por lo que reclamamos identificar a todos los responsables para que reciban sanción ejemplar.
8. Expresamos nuestra solidaridad con los heridos y, especialmente, con las casi 40 familias de los muertos durante las protestas. Compartimos su dolor y nos unimos a su exigencia de justicia real, oportuna y con adecuadas políticas de reparación que condene a los responsables de estos asesinatos. Las vidas no se podrán recuperar y la única esperanza está en hallar justicia.
