El ARCOM había sancionado a C8 de Canal+ en numerosas ocasiones por los contenidos de su programa estrella, «Touche pas à mon poste».
La Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM), que es el regulador francés de las comunicaciones audiovisuales y digitales, ha excluido el canal C8 del grupo Canal+ de su proceso de reasignación de frecuencias, según lo hizo saber mediante un comunicado de prensa. El derecho de emisión TDT de C8 no se renovará a partir de este año, según ha dicho Arcom.
NRJ12 también ha sido excluida de la lista de candidatos para las 15 frecuencias de TDT.
La cadena de información CNews, también del grupo Canal+, que también estaba en el punto de mira por la falta de diversidad política en su canal, en beneficio de la extrema derecha, cambio podrá seguir emitiando. El grupo Canal+ es propiedad del grupo Vivendi, cuyo accionista mayoritario es el multimillonario Vincent Bolloré.
Canal C8 ha sido sancionado por Arcom en numerosas ocasiones en los últimos años por los comentarios realizados durante su programa estrella, «Touche pas à mon poste», presentado por Cyril Hanouna, regularmente en lo más alto de las audiencias.
El programa, sin embargo, ha sido acusado por medios progresistas de connivencia con la extrema derecha mientras que Hanouna, declara sentirse injustamente perjudicado por esa decisión del Consejo de Estado, que no aceptó el reclamo del canal ante la sanción, y confirmó esa decisión tomada meses atrás por el Arcom.
Los espacios de C8 y NRJ12, lo ocuparán dos nuevas emisoras, T18, y OFTV, a partir del 28 de febrero y el Consejo de Estado pidió a Arcom que estudiara la posibilidad de una nueva convocatoria de candidaturas para las cuatro frecuencias que quedarán libres a partir de junio.
El grupo Canal había anunciado que dejaría de emitir sus canales en TNT tras el cierre de C8 (este pasado 28 de marzo); una decisión que libera efectivamente cuatro frecuencias de TNT (Canal+, Canal Cinéma, Canal+ Sport y Planète). Por lo que el Consejo de Estado ha comunicado a Arcom que “debe reanudar sin demora un procedimiento de consulta pública y de estudio de impacto para decidir si las cuatro frecuencias liberadas unos días antes de su decisión deben ser objeto de una nueva convocatoria de candidaturas.”
Esta decisión administrativa de Arcom sería inviable en España, donde a la falta de regulación, hasta el presente, se une el enrarecido ambiente creado por las agrupaciones políticas que ponen sus convenencias por delante del derecho a la información de la ciudadanía.
