La organización Civio denuncia la falta de transparencia en ese ministerio que ha recurrido una resolución del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno a ese respecto.
La periodista Ángela Bernardo ha publicado en la web de la organización por la transparencia Civio, que el Ministerio de Trabajo y Economía Social se niega a hacer públicas las sanciones que aplica la Inspección de Trabajo a las empresas. Por ello ese ministerio ha recurrido ante los tribunales una resolución del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. Según la organización el objetivo es “no rendir cuentas sobre la actividad sancionadora de la Inspección de Trabajo, aunque, eso sí, de vez en cuando sí se filtren algunas multas, como la que recibió Glovo por importe de 79 millones de euros.
Todo empezó a finales del año pasado, en Civio realizamos una solicitud de acceso a la información pública para conocer el listado de sanciones interpuestas entre 2017 y 2021 por la Inspección de Trabajo. Además, queríamos saber quiénes eran las empresas infractoras, a qué se dedicaban, por qué les sancionaban y qué cantidad económica tenían que pagar como multa. Nuestro objetivo era ir más allá de las filtraciones puntuales y ofrecer transparencia en un tema caracterizado por una gran opacidad.
En enero de 2022, la Inspección de Trabajo resolvió nuestra petición evitando darnos la información y remitiéndonos a sus memorias estadísticas anuales. Allí aparecen cifras globales sobre su actividad, pero no los datos que pedimos. Entre otras razones, el Ministerio de Trabajo señaló que tenían una obligación de confidencialidad, que Civio no tenía la condición de interesado en ninguno de los procedimientos y, por último, que el acceso a la información podía interferir en la investigación de posibles infracciones.
Poco después, reclamamos ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. Nuestras razones eran claras: lo que solicitamos son las sanciones firmes, por lo que los procedimientos de investigación ya habían terminado. Además, defendimos que el resultado de las actuaciones de la Inspección de Trabajo no podía mantenerse en secreto, sino que la obligación de confidencialidad solo debía afectar a la información que obtuvieran los inspectores e inspectoras, por ejemplo, al recibir una denuncia.
En septiembre de 2022, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno nos dio la razón y estimó la reclamación de Civio. Por tanto, el listado de sanciones debe ser considerado como información pública, a la que podemos tener acceso, y tiene un interés público muy relevante. Al mismo tiempo, ordenó que el Ministerio de Trabajo contestara de nuevo a nuestra solicitud, aunque esta vez dando un plazo a las empresas sancionadas para que tuvieran la oportunidad de formular alegaciones.
Esta última resolución es la que ha recurrido el ministerio de Yolanda Diaz.
Artículo completo en: https://civio.es/novedades/2022/10/20/ministerio-de-trabajo-sanciones-a-empresas-transparencia/
