El Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA), miembro de la FIP, ha informado que las organizaciones Asociación de Revistas Culturales e Independientes de la Argentina, Periodistas Argentinas, y la propia SiPreBA, han interpuesto un recurso de habeas corpus “a favor de las y los trabajadores de prensa por encontrarse amenazada su libertad ambulatoria”.
En el recurso elevado, solicitan que el juez “ordene al Ministerio de Seguridad de la Nación y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se abstengan de realizar actos que amenacen o perturben la libertad ambulatoria de los y las trabajadoras de prensa mientras ejercen su profesión, especialmente durante la cobertura de manifestaciones y/o protestas contra decisiones adoptadas por el Gobierno Nacional o el de la Ciudad de Buenos Aires”.
En la descripción de los hechos los representantes de las tres entidades sostienen que “el 20 de febrero de 2019 se realizó una manifestación pacífica denominada “Cuadernazo” frente al Congreso de la Nación Argentina, en Av. Callo y Av. Rivadavia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En el marco de la cobertura periodística las fuerzas de seguridad de la Ciudad detuvieron a dos reporteros gráficos y golpearon y gasearon a un periodista que fotografiaba esas detenciones, hecho que quedó registrado en el celular que recibió el bastonazo policial”.
Con imágenes incontrastables, detallan que “uno de los fotógrafos detenidos es quien retrató el 14 de febrero de 2019, en el marco de la cobertura de la manifestación denominada “Verdurazo”, el momento en que una señora mayor levantaba unas berenjenas de la calle mientras cientos de policías desalojaban la manifestación”. Al respecto, precisan que “esa foto se viralizó en redes y generó una fuerte polémica por la decisión del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires”.
Las organizaciones mencionadas señala que “esta violencia ejercida por el Estado no sólo afecta los cuerpos de profesionales y trabajadores de prensa, sino también altera el desarrollo de la actividad periodística toda, ya que en estas condiciones es difícil garantizar coberturas informativas sin poner en riesgo a las personas que las realizan”.
El escrito alerta que “como editores, como trabajadores de prensa, como periodistas, comunicadores y reporteros gráficos nos vemos así limitados por la violencia estatal tanto en los lugares de los hechos como en los momentos de decisión de qué coberturas realizar de acuerdo con las expectativas represivas, ya que no podemos ni obligar ni ser obligarnos a realizarlas en situaciones que no garantizan los mínimos derechos a la libertad de expresión y del trabajo periodístico”.
Y revela que “para justificar estas cacerías y palizas desde las instituciones del Estado se desatan luego campañas que tratan de distorsionar los hechos en los que se vieron forzados a participar periodistas y reporteros” de medios independientes que en su compromiso con la verdad y el relato de los hechos desde el lugar en que estos suceden arriesgan no sólo su integridad, sino su reputación.
