Los grupos parlamentarios del Congreso español han llegado a un principio de acuerdo para recortar uno de los tentáculos de la “Ley Mordaza”, concretamente, el que penaba fotografiar o grabar a los agentes de la autoridad mientras ejercían sus funciones en la vía pública.
El apartado 23 del artículo 36 de la actual Ley de Seguridad Ciudadana tipifica como infracción grave «el uso no autorizado de imágenes o datos personales o profesionales de autoridades o miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que pueda poner en peligro la seguridad personal o familiar de los agentes, de las instalaciones protegidas o en riesgo el éxito de una operación, con respeto al derecho fundamental a la información».
La intención de los grupos es la de incluir un apartado en ese artículo que precise que no constituirá infracción la mera toma de imágenes en lugares de tránsito público y manifestaciones, y precisará que solo se podrá penalizar la difusión de estas imágenes cuando exista un riesgo «real» para la seguridad del agente. Las infracciones graves pueden suponer multas de hasta 30.000€
