Hace escasos días, en la provincia de Jujuy, a una niña que había quedado embarazada a consecuencia de su violación no se le concedió al aborto, que pedía ella y su madre, y fue obligada a parir mediante una cesárea.
A propósito de este hecho, que conmocionó a la sociedad argentina, el diario “La Nación” -conservador y unos de los decanos de la prensa de ese país-publicó un editorial en defensa de la maternidad forzada de las niñas violadas. Lo que desató una ola de repudios encabezada por Unicef, el organismo de las Naciones Unidas destinado a la protección de la infancia, y Amnistía Internacional, entre organizaciones internacionales vinculadas con la infancia, los derechos humanos y la salud, autoridades de organismos por derechos de los niños y del movimiento por la defensa de las mujeres.
El editorial manifestaba “admiración hacia las niñas madres, madrazas por cierto. Tristeza para las ‘abuelas abortistas’ que felizmente no lograron su criminal propósito. Bienvenida a los felices niños de ambas mamás y un mensaje claro y esperanzador a la sociedad para que haga lo que tiene que hacer sobre educación sexual, primero, y sobre apoyo a las mamás, después, tanto si sus embarazos fueron deseados como si fueron causados por una violación, por ignorancia o estado de necesidad”. Así mismo, calificaba de criminales a “las madres de esas niñas que prefieren optar por la interrupción del embarazo”.
El repudio a ese editorial incluyó el de las trabajadoras y trabajadores del diario, que hicieron manifiesto su desacuerdo en redes sociales. A raíz del malestar producido la empresa comunicó que “lamenta que se haya interpretado el texto como un mensaje de alguna forma tolerante hacia los abusos a menores, algo que, como el mismo editorial señalaba, es a todas luces repudiable”.
La filial argentina de Unicef señaló que “el embarazo en la infancia no está vinculado al ‘instinto materno’, es abuso sexual y por tanto el embarazo es forzado” y recordó que existe “una guía sobre qué hacer y cómo deben responder los diversos actores estatales a las demandas y necesidades de las niñas, niños y adolescentes que han sido víctimas de abusos sexuales y embarazo forzado”.
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