La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA), EntreFronteras y el Sindicato de Periodistas de Andalucía (SPA-FeSP), han denunciado el apagón informativo efectuado por parte del Gobierno el rescate de personas migrantes en el Mar de Alborán y el Estrecho y exigen que se restituya el suministro de información.
Esas organizaciones han detectado que desde el 9 de diciembre de 2018, Salvamento Marítimo ha dejado de informar a través de su canal de Twitter y Facebook, sobre los rescates diarios llevados a cabo en el mar. En este sentido, ven prioritario que este Gobierno garantice el derecho a la vida y que los rescates en el mar cumplan con todas las garantías que establecen la ley, tratados y derecho internacional.
Asimismo, esperan que este Gobierno no esté actuando conforme a estrategias políticas o intereses concretos y subrayan la necesidad de preservar el derecho a la información de la ciudadanía. “Este silencio daña seriamente la libertad de información recogida en el artículo 20 de la Constitución Española”, denuncian.
El silencio informativo unido a los escasos datos publicados por otras fuentes, lleva incluso a que los medios de comunicación no dispongan de la información y no puedan ejercer su trabajo con agilidad y facilidad, como habitualmente han realizado, coartando así un derecho de la ciudadanía.
Hace más de un mes del apagón informativo, y los buques de Salvamento Marítimo continúan llegando a las costas de Granada, Málaga, Almería, Cádiz, Murcia, Canarias y Baleares, las personas rescatadas y fallecidas han quedado invisibilizadas por completo.
El 15 de diciembre de 2018, Ismael Furió, trabajador de Salvamento Marítimo, presagiaba a un medio de comunicación: “Creo que lo que están intentando es desmantelar el servicio”. Un mes después, el 17 de enero último, Helena Maleno, reconocida y prestigiosa activista por los derechos humanos, confirmaba en una entrevista a Radio Andalucía Información (RAI), el mencionado y peligroso “apagón informativo” llevado a cabo.
Las organizaciones denunciantes recuerdan al Gobierno y al correspondiente Ministerio de Fomento responsable, que la invisibilidad de este drama humanitario que reduce el número de testigos, podría además, esconder malas praxis y consecuentemente, una gravísima violación de derechos humanos fundamentales. “Mientras tanto, continuamos con recepciones improvisadas y nulos recursos”, concluyen.
