La Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP) considera doblemente escandaloso el desenlace del Expediente de Regulación de Empleo que dejará en la calle a 215 trabajadores de Antena 3 Televisión. Primero, porque la Dirección General de Trabajo ha informado favorablemente los planes de Planeta-De Agostini pese a que los nuevos dueños de la cadena nunca los han justificado con datos suficientes. Segundo, por la alevosía en las formas con que la empresa se ha apresurado a ejecutar durante este mismo fin de semana los despidos masivos.
Los afectados que hacían guardia conocieron su cese al serles impedido el acceso a las sedes de la cadena en San Sebastián de los Reyes (Madrid) y Barcelona. Muchos trabajaron por la mañana y ya no pudieron seguir haciéndolo por la tarde, ya que los guardias de seguridad tenían orden de no permitir el acceso de las personas incluidas en la lista empresarial de despidos.
Aunque haya rebajado algo las pretensiones de la empresa (de 254 despidos solicitados a 215) y haya hecho un llamamiento a buscar otras vías de solución, lo cierto es que el Gobierno acepta que vayan al paro unos profesionales que no tienen ninguna responsabilidad en la mala gestión llevada a cabo en esa empresa. Al ser el Gobierno el que concede las licencias a las televisiones privadas, ¿por qué no intervino cuando vio que Antena 3 Televisión empezaba a hacer los contratos más millonarios y escandalosos del mundo del periodismo, con el riesgo que eso conlleva siempre? Ahora, una vez más, se pretende que las consecuencias las paguen los trabajadores.
Además, el Ministerio de Trabajo, que depende de Eduardo Zaplana, uno de los ministros que más propaganda hace de sí mismo y del Gobierno, no ha tenido en cuenta que los respectivos departamentos de Trabajo de las comunidades autónomas de Madrid, País Valenciano y Andalucía han informado en contra del Expediente de Regulación de Empleo presentado por Antena 3 Televisión.
La FeSP comparte con los trabajadores y trabajadoras de Antena 3 Televisión su rechazo al ERE y les anima a seguir adelante con todas las acciones de protesta que estén a su alcance porque, como se indica en la legislación española, «la información no puede ser objeto de consideraciones mercantilistas».
