Desde la entrada en vigor de la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana (LPSC), conocida popularmente como Ley Mordaza, el Estado ha recaudado más de 270 millones de euros en sanciones, según cifras facilitadas por el ejecutivo. La ley entró en vigor en julio de 2015 y hasta final de ese año ya recaudó 41,7 millones de euros. En los ejercicios de 2016 y 2017 las arcas públicas ingresaron por este concepto 89,6 y 135,7 millones respectivamente, en una clara progresión año tras año.
En relación a 2018 todavía no hay datos porque estos se computan a final de año pero por poco que haya sido, muy probablemente se superará la cifra de los 300 millones. La Ley Mordaza provocó una gran polémica y un enorme rechazo ciudadano tras su aprobación por parte del Gobierno del PP. Varios partidos políticos prometieron su derogación durante la última campaña electoral, cosa que todavía no se ha producido aunque tras la moción de censura de hace unos meses empiezan a haber algunos movimientos en esta línea.
La FeSP y otras muchas organizaciones de todo tipo han impulsado iniciativas de todo tipo para echar atrás esa legislación y apremia al gobierno y a los grupos parlamentarios a derogar esta ley antidemocrática lo antes posible.
