El pleno del Congreso de los Diputados ha acordado, a propuesta de Izquierda Unida, tomar en consideración y tramitar una proposición de ley para reforzar la libertad de expresión. El portavoz parlamentario de IU, Alberto Garzón, afirmó, al defender esta iniciativa, que con ella pretenden hacer frente a las «violaciones y censuras» que se producen cada vez más en esta materia y a la «involución democrática» que ha habido en los últimos años.
La propuesta fue aprobada por 180 votos a favor de PSOE, Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, PNV, ERC, PDeCAT, Compromís, Coalición Canaria, Nueva Canarias y EH Bildu), 166 en contra (de PP, Ciudadanos, Unión del Pueblo Navarro y Foro Asturias) y ninguna abstención.
Esta proposición de ley ha sido elaborada con la colaboración de numerosas organizaciones –entre ellas, la Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP)–, a las que el grupo de Unidos Podemos pidió su opinión sobre el contenido de la misma.
Entre otras cuestiones, en la proposición de ley proponen derogar los delitos contra los sentimientos religiosos, contra la corona, ofensas a España o a sus símbolos e injurias a las instituciones del Estado. También se plantea en el texto modificar otros artículos del vigente Código Penal, porque son muy ambiguos y han dado pie a distintas interpretaciones por parte de los jueces.
También se propone modificar el delito de enaltecimiento del terrorismo, que fue introducido en el Código Penal en 2011 –cuando ETA cometía numerosos atentados– pero que apenas fue aplicado por los jueces hasta después de 2011, cuando la organización terrorista vasca abandonó la violencia. Garzón aclaró que esa modificación no significa que las víctimas del terrorismo queden desprotegidas, como sostiene el PP, porque al mismo tiempo proponen modificar otro artículo del Código Penal precisamente para reforzar más esa protección.
Alberto Garzón indicó que con esos artículos que proponen derogar han sido juzgados y condenados distintos artistas, creadores, raperos, cantantes y otras personas. La proposición de ley pretende «homologar nuestra democracia a los estándares democráticos propios de las sociedades avanzadas en materia de derechos fundamentales y de libertad de expresión», afirmó.
