La Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI), de la cual la FeSP es miembro fundador, considera alarmante la propuesta conjunta de PP, PSOE y Ciudadanos para eliminar la necesidad de autorización judicial en caso de supuesta reiteración de una infracción prevista en la Ley de Propiedad Intelectual, cuya reforma se tramita en el Congreso.
La PDLI señala que el proyecto de estos tres grupos parlamentarios ha despertado fuertes críticas por parte de abogados expertos en propiedad intelectual y derechos digitales como como DAvod Bravo y Carlos Sanchez Almeida (miembros de la PDLI) o Javier de la Cueva.
La PDLI, dice que, “considera esta enmienda un ‘despropósito jurídico’, insta a estos tres grupos a retirarla. Para la PDLI ‘es gravísimo que se puedan retirar contenidos de Internet sin que un juez evalúe si afecta o no a la libertad de expresión’.
El abogado David Bravo, explica el alcance de esta enmienda: ‘Lo previsto en la enmienda es que en los procedimientos sancionadores en vía administrativa por supuestas vulneraciones de propiedad intelectual ya no se tenga que acudir a un juez para que valide la ejecución de la medida de cierre de la web’.
Aunque es cierto que ‘para que se dé un procedimiento sancionador y, por tanto, para estar en el supuesto en el que ya no hace falta juez, tiene que darse el caso de que se reitere o reanude la infracción’, lo grave es que es “la Comisión tanto la que decide si se ha dado la infracción como si se ha reiterado o reanudado”, aclara el abogado.
Además, hay circunstancias particulares en las que un juez puede no llegar a intervenir en absoluto en ningún caso, por ejemplo, si se ha producido originalmente una retirada voluntaria de contenidos:
‘Hay que tener en cuenta que el artículo prevé que se considera reanudación incluso el supuesto de que alguien haya retirado voluntariamente los contenidos y luego estos u otros del mismo titular vuelvan a aparecer, de tal manera que en este supuesto el titular de la web no habrá visto un juez en ningún caso, en el primero porque no hizo falta (retiró voluntariamente los contenidos) y en la segunda porque lo que se abrió contra él es un procedimiento sancionador por reanudación, en el que se prescinde de él’, aclara David Bravo.
Finalmente, de seguir adelante esta enmienda, se obligaría al titular de una web a una supervisión general de contenidos contraria a las directivas europeas: ‘Debe tenerse en cuenta además que la Comisión Sinde entiende que se produce reanudación de la infracción incluso cuando los contenidos son subidos nuevamente, pero por los usuarios de la web (como sucede en sitios como Goear, foros o incluso YouTube), lo que en la práctica obliga a una supervisión general de contenidos contraria a las directivas europeas’.”
