La organización humanitaria Amnistía Internacional (AI) ha dado conocer su informe 2017/18 sobre “La situación de los Derechos Humanos en el mundo”; referenciado país por país, entre ellos, España. Los resultados sobre esa situación en nuestro país son de gran coincidencia con las reivindicaciones sobre libertad de expresión formuladas en los últimos meses por la FeSP y organizaciones afines como la PDLI o No somos delito.
En su resumen sobre España, Amnistía Internacional publica que en el lapso referido:
“Se restringió desproporcionadamente el derecho a la libertad de expresión y el derecho de reunión pacífica de personas que apoyaban la independencia catalana.
Decenas de personas fueron procesadas por ‘enaltecimiento del terrorismo’ y ‘humillación a las víctimas’ en redes sociales. Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley emplearon fuerza excesiva contra manifestantes que opusieron resistencia pacífica a la operación policial que daba cumplimiento a la orden judicial del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que impedía la celebración del referéndum sobre la independencia de esa comunidad autónoma.
España reubicó a un número de solicitantes de asilo menor del que se había comprometido a acoger en el marco del programa de reubicación de la UE, y también reasentó a menos personas refugiadas de las previstas en su compromiso. Continuaron los desalojos forzosos, que afectaron a miles de personas. Las autoridades continuaron cerrando investigaciones sobre crímenes de derecho internacional cometidos durante la Guerra Civil y el franquismo”.
En lo referente a la situación de la libertad de expresión señala: “Se procesó a decenas de personas por ‘enaltecimiento del terrorismo’ y ‘humillación a las víctimas’ en las redes sociales. En muchos casos, las autoridades presentaron cargos contra personas que habían expresado opiniones que no constituían incitación a cometer un delito de terrorismo y que se inscribían entre las formas de expresión permisibles con arreglo al derecho internacional de los derechos humanos. Veinte personas fueron declaradas culpables en el curso del año”.
El informe hace mención expresa de los casos vividos por Cassandra Vera, los titiriteros Alfonso Lázaro de la Fuente y Raúl García Pérez y la periodista de Catalunya Radio, Mercé Alcocer.
A estos respectos el informe entiende que “Continuaron imponiéndose a particulares, activistas de derechos humanos y periodistas sanciones administrativas basadas en la Ley de Seguridad Ciudadana y que podían constituir restricciones ilegítimas del derecho a la libertad de expresión, de reunión pacífica y de información”.
El informe completo: https://www.amnesty.org/es/documents/pol10/6700/2018/es/
