A raíz de la decisión de la Conselleria de la Presidencia de la Generalitat catalana de vetar la presencia de diversos medios de comunicación, bajo e pretextos de difícil comprensión, el Col.legi de Periodistes de Catalunya (CPC) y el Sindicat de Periodistes de Catalunya (SPC-FeSP) han hecho público su rechazo a esa medida.
El CPC expresa que “siempre ha defendido que el Derecho a la información de la ciudadanía es un pilar básico para la democracia y que la nuestra es un trabajo de servicio esencial. Por este motivo no entendemos que mañana, en un acto de la trascendencia como es la investidura del 131 presidente de la Generalitat, se vete la entrada de los medios de comunicación privados en la sala donde se hará este acto.
Que el momento político sea excepcional, algo de lo que somos perfectamente conscientes, no es excusa para restringir y limitar los periodistas y fotoperiodistas de todos los medios hacer su trabajo, según los respectivos criterios editoriales.
Por este motivo siempre hemos reclamado a las autoridades públicas que garanticen los derechos a la libertad de expresión y de información y que permitan a los periodistas ejercer con esta libertad el periodismo. Hemos condenado y lo seguiremos haciendo, las mal llamadas ruedas de prensa en las que no se permiten preguntas, y las comparecencias vía plasma que tanto deploramos y condenado.”
Por su parte el Sindicat de Periodistes de Catalunya / Sindicat de Professionals de la Comunicació (SPC-FeSP) también criticó la marginación de los medios privados –excepto Europa Press– y los del Tercer Sector del acto de investidura del nuevo presidente de la Generalitat, Quim Torra. A través de las redes sociales tachó esta decisión de «entrada con mal pie» Añadía el SPC que «la investidura de un presidente no es un acto íntimo. Nunca lo había sido hasta ahora. Han de poder estar en él todos los medios: públicos, privados y del Tercer Sector, y debe habilitarse el espacio adecuado para llevarlo a cabo». El sindicato concluía que «el derecho a la información es un derecho democrático básico». En Twitter, el SPC ampliaba esta queja.
