El digital ‘eldiario.es’ informa que “Pablo Torres es el primer periodista de un medio público en España que va a los tribunales para hacer valer su cláusula de conciencia, es decir, su derecho a rescindir su contrato cuando su empresa cambia de línea ideológica: no lo hace contra una televisión o radio pública, sino contra Carta de España, una publicación que depende del Ministerio de Empleo”.
Según este medio el periodista acusa a Empleo de censurarle textos en los que hablaba, por ejemplo, del asesinato de García Lorca o de la independencia de Catalunya.
Los problemas, afirma, comenzaron el verano pasado, cuando el coordinador editorial dejó la revista y se hizo cargo de ella Rosa María Escalera, directora de la Unidad de Apoyo de la Dirección General de Migraciones. Según la denuncia, Escalera «ha desplegado una actitud intrusiva y censora de la actividad periodística que no se conocía hasta ese momento en la redacción» de la revista.
Esa actitud, tal y como detallan la denuncia y el propio Pablo Torres, ha consistido en «intervenir» en los contenidos de los artículos, incluso en los ya presentados, «modificar» su redacción o incluso «suprimir» partes de textos. Al negarse Torres a eliminar párrafos de sus artículos, algunos sencillamente nunca fueron publicados, a pesar de que habían sido inicialmente aprobados y maquetados.
En resumen, reza la denuncia, el periodista ha sufrido ‘una clara actitud de discriminación y censura ideológica, que nada se compadece y vulnera la libertad e independencia de este redactor en el ejercicio libre de su profesión’.”
Asimismo, señala que el abogado que lo representa, Ángel García Castillejo, “explica que el ejercicio de este derecho supone «la última garantía de la independencia de un periodista cuando hay un cambio de línea editorial en un medio». En el caso de un medio público, asegura, las garantías de independencia, pluralidad y no censura deben ser aún más exigentes. Por eso, piden la rescisión del contrato de Torres y la correspondiente indemnización por todos los años trabajados.
«En este caso concreto durante casi toda su vida profesional este periodista nunca vio coartada su independencia ni tuvo este tipo de problemas y, de repente, desde el verano pasado se ha encontrado con un cambio en la estructura organizativa de la redacción y con que se censuran sus artículos y posiciones. Es más, que elementos externos a la redacción, como son cargos políticos, supervisan su trabajo», explica el abogado.
