Las Federaciones Internacional y Europea de Periodistas (FIP y FEP), a las que pertenece la FeSP se unen a la preocupación de sus afiliados españoles ante la impunidad de las agresiones cometidas contra tres periodistas (en 2014) por parte de agentes de la Policía mientras aquellos cubrían la detención de un compañero tras una manifestación en Madrid.
Según la Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI), el 29 de marzo de 2014, los colaboradores de ‘eldiario.es’ Gabriel Pecot, Mario Munera y Juan Ramón Robles fueron agredidos por varios antidisturbios mientras grababan la detención de un colega tras una protesta contra la monarquía, celebrada en Madrid.
Los periodistas presentaron una denuncia que fue archivada. Tras el recurso contra el archivo de la causa presentado por la Comisión Legal de Sol, la Audiencia Provincial finalmente resolvió que “no existen indicios de que el agente pretendiera impedir el ejercicio de la libertad informativa de periodistas presentes”. Uno de los argumentos esgrimidos fue “la falta de unas alusiones expresas a la labor de ejercicio del periodismo por parte de los golpeados“.
El juzgado de instrucción número 46 de Madrid acaba de hacer pública la sentencia correspondiente al Juicio de Faltas celebrado el pasado 22 de febrero contra el único funcionario de la Policía identificado que concluye que, si bien queda probado que golpeó por lo menos a dos reporteros en los brazos y en la nuca, la falta de lesiones ha prescrito. Según LegaSol, al haber tardado 8 meses en pronunciarse, “la Audiencia Provincial provocó que la falta de lesiones prescribiera”, ya que las faltas de lesiones prescriben al transcurrir seis meses con la causa paralizada.
La FIP y la FEP apoyarán cualquier demanda de sus afiliados españoles para que las identificaciones de los agentes policiales se ajusten a las exigencias internacionales y a las reiteradas advertencias del Defensor del Pueblo en el mismo sentido y asumen que en éste y otros casos similares, los agentes policiales no cumplieron con su obligación legal de identificarse individualmente mediante un número muy visible en su uniforme e instan a los jueces a que ponderen el hecho de que está en juego una libertad fundamental como es la libertad de información.
