El Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas ha decidido investigar a España, porque no ha concedido ninguna licencia de emisión a las radios y televisiones comunitarias a pesar de que está previsto en la Ley General de la Comunicación Audiovisual, que entró en vigor en marzo de 2010.
La denuncia ante la ONU fue presentada por la Red de Medios Comunitarios (ReMC) y Radio Televisión Cardedeu -una de las muchas emisoras comunitarias expedientadas y amenazadas de cierre-, porque consideran que el Gobierno español ha vulnerado cinco artículos del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de Naciones Unidas, firmado por España.
La ReMC ha solicitado, como reparación, que se planifiquen frecuencias para las radios y televisiones comunitarias sin ánimo de lucro, medidas para fomentar este sector, revisar las normas de adjudicación y revisión de las licencias, crear un organismo audiovisual independiente e imparcial y fijar una indemnización por los gastos judiciales, según ha informado esta federación de medios comunitarios.
En 2007, la Ley de Medidas de Impulso de la Sociedad de la Información estableció que el Gobierno debía planificar frecuencias para las televisiones locales de proximidad que ya funcionaban, pero no lo hizo. Tres años después, en 2010, la Ley General de la Comunicación Audiovisual fijó un plazo de un año, hasta marzo de 2001, para que el Ejecutivo lo hiciera, pero han transcurrido siete años y sigue sin cumplir ese precepto de la ley.
En 2017, el Congreso de los Diputados aprobó una proposición no de ley, con los únicos votos en contra del PP, en la que se insta al Gobierno a cumplir la citada ley y planificar las licencias, pero tampoco lo ha hecho.
El Gobierno argumenta que aún no a cumplido la Ley Audiovisual en ese aspecto porque está cambiando la normativa de la Unión Europea respecto a la programación del espectro para las radios, televisiones y telefonía móvil. Pero la ReCM responde recordando que el Ejecutivo «sí adjudicó en 2015 seis licencias de televisión de cobertura estatal para operadores privados comerciales, sin destinar ninguna para televisiones comunitarias».
«El Gobierno discrimina a los medios comunitarios respecto a otro tipo de operadores, afectando al derecho a comunicar de las personas que generan contenidos en estos medios y al derecho a recibir comunicación por medios comunitarios que tiene la población, de acuerdo al artículo 4 de la Ley General de Comunicación Audiovisual», señala la ReCM en un comunicado.
Unas 5.000 personas, según datos de la ReCM, producen actualmente contenidos informativos en radios y televisiones comunitarias en España. La Red de Investigación en Comunicación Comunitaria, Alternativa y Participativa (RICCAP) tiene registrados 200 medios comunitarios, de los que una docena son televisiones, pero solamente el 22 % tiene alguna persona contratada, debido a las dificultades que tienen para crear empleo por la falta de desarrollo normativo y por las exigencias financieras que establece la legislación.
