“Inaudito”, “impropio de una democracia plural” y “una vulneración de los principios internacionales sobre libertad de expresión”. Así valora la Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI), de la cual la FeSP es miembro fundador, la confirmación, por parte del Tribunal Supremo, de la condena a tres años y seis meses de cárcel que la Audiencia Nacional impuso al rapero Valtonyc por delitos de enaltecimiento del terrorismo, calumnias e injurias graves a la Corona, y amenazas. Son dos años por enaltecimiento del terrorismo, uno por injurias graves a la Corona y seis meses por amenazas, según ha informado el alto tribunal.
“Es desconcertante ser testigo en pleno siglo XXI de algo parecido a la Inquisición. La persecución de la libertad de expresión en España está alcanzando cotas insoportables desde hace ya tiempo, pero encarcelar a un músico por las letras de sus canciones sobrepasa todo lo esperable, aparte de contravenir la legislación internacional sobre la materia. Valtonyc será el primer cantante que entre en prisión en España acusado de enaltecimiento del terrorismo. Lo que estamos viendo es inaudito e impropio de una democracia plural: la persecución de la canción protesta”, señala la presidenta de la PDLI, Virginia Pérez Alonso.
Según el jurista experto en Derecho Internacional y miembro de la PDLI Joan Barata, esta confirmación de prisión del Tribunal Supremo “presenta graves incompatibilidades con los estándares internacionales en materia de libertad de expresión a los que España está sujeta”.
“En términos generales, la privación de libertad o incluso el uso del derecho penal para perseguir meras expresiones o ideas (libros, canciones, etc.) constituye de por sí una medida desproporcionada y por consiguiente expresamente condenada por parte de los organismos relevantes de Naciones Unidas, el Consejo de Europa y el propio Tribunal Europeo de Derechos Humanos”, explica Barata.
La PDLI denuncia que se ha llegado a esta pena de prisión porque España tiene una legislación fuera de los parámetros internacionales sobre libertad de expresión suscritos por nuestro país, e insiste, una vez más, en la necesidad cada vez más urgente de reformar el Código Penal para que deje de seguir siendo un instrumento para censurar y perseguir disidentes.
