En el contexto del Foro de Gobernanza de Internet distintas organizaciones vinculadas a la comunicación y a los derechos humanos de América Latina han concluido en que las fake news o noticias falsas se han convertido en una problemática de Internet, pero alertan que el término importado del norte global no es apropiado para el contexto latinoamericano.
En un comunicado, las organizaciones explican que “las campañas de desinformación, como se deberían llamar a las noticias falsas, han sido una estrategia común de los monopolios de medios para amenazar y dañar la democracia durante años en la región”.
Señalan que no considerar los “nuevas y viejas asimetrías del poder” que rodean a la concentración y propiedad de medios en América Latina y los intereses de los Estados naciones que buscan manipular y controlar la producción del discurso, dentro y fuera de sus fronteras, puede ser peligroso advierten las organizaciones.
Las organizaciones consideran que la adopción del término puede provocar: una desacreditación de los medios independientes ante los medios tradicionales; la apertura de medidas de vigilancia, manipulación de contenidos e, incluso, censura en plataformas en línea y el impulso a medidas gubernamentales como la vigilancia y la censura en línea.
El exrelator Especial de la Organización de las Naciones Unidas, Frank La Rue, también se ha expresado en contra del término por considerarlo con útil para impulsar la censura: “El problema, nuevamente, es que las noticias falsas se vuelven una perfecta excusa para silenciar o apagar cualquier voz disidente o alternativa”.
Por estas razones, los firmantes, entre los que se encuentra la R3D: Red en Defensa de los Derechos Digitales, dan una serie de recomendaciones para encaminar futuras discusiones sobre esta problemática:
El derecho humano a la expresión no se limita a “declaraciones correctas”, aunque no justifica la diseminación consciente de información falsa.
Las restricciones que pueden imponer los Estados a la libertad de expresión, tienen que cumplir con el derecho internacional y cumplir con los principios de necesidad y proporcionalidad.
Las prohibiciones generales para la diseminación de información basados en conceptos ambiguos son incompatibles con estándares internacionales.
Los estados e intermediarios deben evitar tomar medidas automatizadas, como los algoritmos, que busquen limitar el acceso o la propagación de contenido digital.
Todos los actores involucrados deben tomar medidas para combatir los efectos negativos de la desinformación y propaganda.
Comunicado completo: https://direitosnarede.org.br/p/carta-abierta-americalatinaycaribe-igf2017/
