La Unión de Profesionales de la Comunicación de Canarias (UPCC-FeSP) ha solicitado hoy al Tribunal Administrativo de Contratos Públicos la suspensión provisional del concurso público que ha convocado el presidente de esa televisión, Santiago Negrín, para volver a adjudicar los servicios informativos a una empresa privada, como están en la actualidad.
Esos informativos están adjudicados a la empresa Viodeoreport Canarias hasta julio de 2018, pero Negrín publicó el concurso el pasado mes de julio, un año antes de que concluya el actual contrato.
En el recurso presentado hoy, previo al contencioso administrativo, UPCC indica que Santiago Negrín lo ha convocado de manera «unilateral, personal y sin competencias» porque, según la ley que regula RTVC, esa decisión compete al Consejo Rector.
En julio último, el jurista Martín Orozco realizó un informe por encargo de Santiago Negrín, en el que indicaba que para que él pudiera convocar el concurso público, antes el Consejo Rector de RTVC debía decidir si mantiene privatizados los servicios informativos o si se recuperan como servicio público a cargo de la plantilla de la empresa –como reclama UPCC–; que ese órgano también debía autorizar el presupuesto del concurso, porque supera el millón de euros al año –la adjudicación prevista es por 144 millones para ocho años–, y que los Servicos Jurídicos del Gobierno de Canarias debían realizar un informe previo sobre la legalidad del concurso.
Santiago Negrín no hizo caso de esas advertencias y convocó el concurso público. Días después compareció en el Parlamento autonómico y se refirió al informe del jurista Orozco, pero no informó de las condiciones que en él establecía para que pudiera convocar el concurso público, según ha publicado el diario Canarias7,y lo convocó.
En un comunicado difundido hoy, UPCC celebra que por fin se conozca ese informe de Martín Orozco -un catedrático de Derecho Administrativo que fue director general de los Servicios Jurídicos del Gobierno de Canarias y posteriormente asesor jurídico de RTVC– y espera que con el recurso interpuesto hoy «se pueda tumbar el concurso y lograr de una vez por todas unos servicios informativos cien por cien públicos, que no respondan ni a intereses partidistas ni a intereses económicos de las productoras privadas, que han tenido y tienen a los trabajadores en precario».
UPCC también indica que algunos medios de comunicación vienen informando sobre la situación de RTVC y el concurso público, pero otros no dicen nada sobre el tema porque anteponen sus intereses empresariales al derecho a la información de la ciudadanía. No hay que olvidar, añade el sindicato, que a este concurso de 144 millones de euros podrían optar grupos empresariales a los que pertenecen casi todos los grandes medios de comunicación canarios e incluso a los que pertenecen responsables políticos de RTVC que se encuentran en excedencia.
