Los falsos autónomos hacen que la Seguridad Social deje de ingresar una cantidad aproximada a los 562,3 millones de euros al año, según datos recopilados por la Unión de Autónomos Uatae a partir de las últimas Encuestas de Población Activa (EPA) publicadas por el Instituto Nacional de Estadística (INE) i de las que se hace eco el digital Infolibre. Se entiende por falsos autónomos los trabajadores cuyos empleadores les instan a darse de alta como autónomo cuando sus condiciones laborales corresponden al de un asalariado del Régimen General. El objetivo es ahorrarse así los costes de empleabilidad, entre ellas la Seguridad Social, que corre a cargo del empleado
La Uatae ha puesto de relieve que este tipo de fraude ha proliferado en los últimos años de crisis porque reduce notablemente los gastos de empleabilidad de las empresas defraudadoras. Además, según las estimaciones de Uatae, cotejados con los datos del INE, en España existen unos 210.000 falsos autónomos. Una cifra sin concretar son periodistas ya que muchos medios de comunicación les obligan a darse de alta como autónomos para poder trabajar cuando su relación es absolutamente laboral, con horarios, dependencia jerárquica tanto administrativa como profesional.
La pérdida de más de 500 millones que sufre la Seguridad Social la obtiene Uatae cruzando la cantidad de falsos autónomos que existen en España con los datos oficiales del salario más frecuente en España (16.498,47 euros), los tipos de cotización estipulados para la Seguridad Social y la cotización mínima de los autónomos (275 euros). No obstante, la secretaria general de Uatae, María José Landaburu, cree que la cantidad final de dinero que pierden las arcas de la Seguridad Social es «mayor», porque una gran cantidad de los falsos trabajadores por cuenta propia se acogen a la tarifa plana de cotización de 50 euros.
Desde UATAE entienden que el Gobierno «debería redoblar los esfuerzos en poner coto a este fraude» ya que los contratos de falsos autónomos identificados por inspección no superaba en 2016 los tres mil casos. «Los autónomos sufrimos día a día inspecciones minuciosas que no se corresponde al fraude mínimo que presenta nuestro colectivo» explica Landaburu, quien espera que el «elevado perjuicio económico que supone para el Estado este tipo de contrataciones irregulares, haga reflexionar al Ejecutivo». La FeSP también ha pedido de manera reiterada un incremento en los medios a disposición de la Inspección de Trabajo para poner coto a este fraude generalizado de muchas empresas, donde las del sector de la información y la comunicación muestran una especial perseverancia en sus prácticas irregulares.
