Una investigación realizada por Claudia Julieta Duque y David del Cid, del Equipo Nizkor, para la Federación Internacional de Periodistas (FIP) revela que los autores de asesinatos, agresiones, torturas, desaparición forzada y amenazas contra periodistas tienen garantía de impunidad en Colombia. Del total de ataques contra reporteros investigados entre septiembre de 1986 y abril de 2017, sólo dos de cada diez casos llegaron a juicio o tuvieron condena.
Así se desprende de las cifras entregadas por la propia Fiscalía General de ese país, correspondientes a 673 casos registrados en un período de 21 años, en los que 773 periodistas resultaron víctimas de diversos delitos. En este período, sólo doce procesos (el 1,79%) adelantados por la Fiscalía llegaron a juicio, y en ocho de ellos se obtuvieron condenas, es decir, un 1,19%. Lo más grave es que tres de esas sentencias podrían no tener relación con la profesión de la víctima, pues se trató de una extorsión, una estafa y un proceso por porte y fabricación de armas.
Entre 1986 y abril de 2017, según información de la Fiscalía, sólo un caso de amenazas de un total de 304 investigados logró sentencia condenatoria. Lo mismo sucedió con tres de los 105 casos de homicidios y uno de los 70 procesos abiertos por lesiones personales ocasionadas a periodistas cuando se encontraban en cubrimiento. Un delicado mensaje que se envía a los perpetradores desde las instancias judiciales, si se tiene en cuenta que en los últimos tres años las organizaciones de libertad de prensa han venido denunciando que el mayor número de agresiones contra periodistas en el país se da mientras cubren la protesta social.
En el informe se detallan crímenes que nunca se investigaron, como tampoco lo fueron el 60% de las amenazas. El 80% de las denuncias están inactivas, sea porque han prescrito, sea porque han sido archivadas o porque siguen abiertas pero sin ningún avance para aclararlos.
La Relatoría Especial de la Libertad de Expresión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (RELE-CIDH) emitió un comunicado semanas atrás en el cual expresó de nuevo su preocupación por la violencia y la presión que ejercida contra periodistas desde distintos ámbitos. Edison Lanza, relator de la CIDH, resaltó que el Estado de colombiano «tiene la obligación de prevenir, proteger, investigar y sancionar la violencia ejercido contra periodistas». Lanza destacó que la labor de los periodistas es amenazada constantemente en Colombia por la violencia, la falta de garantías laborales, el hostigamiento y las estigmatizaciones.
Según datos de Reporteros Sin Fronteras (RSF), en 2016 Colombia se encontraba en el puesto 134 de 180 países de los países más peligrosos o vulnerables para ejercer el periodismo. El año pasado, la FLIP registró 216 violaciones a la libertad de prensa con 262 periodistas víctimas. Entre los casos registrados se destacan secuestros, detenciones ilegales y agresiones, que a su vez provocaron el desplazamiento forzado de varios de los afectados. Fecolper registró 179 agresiones contra reporteros en el año 2015, un 23% más que en 2014. Entre enero y junio de 2017, fueron documentados 136 casos de agresiones que tuvieron un total de 170 periodistas víctimas.
Para esa Federación, ocho meses después de la firma del acuerdo de paz con la guerrilla de las FARC existen numerosos desafíos para el periodismo en Colombia, sobre todo para los periodistas regionales, pues allí «aún no se ha garantizado ni se garantizan actualmente las condiciones para el desarrollo de un periodismo libre, independiente y seguro. Las regiones representan los mayores riesgos para el periodismo colombiano y también los mayores desafíos para la construcción de una paz sostenible». Todas las organizaciones coinciden en denunciar la impunidad como uno de los principales enemigos de la libertad de prensa en Colombia. Las cifras de la Fiscalía General de la Nación les dan la razón.
