El periodista José Precedo informa en el digital ‘eldiario.es’ de una censura singular a los medios que practica la empresa gallega Veicar “que gestiona 14 parques comarcales de Galicia ha prohibido a todos sus efectivos, tanto bomberos como mandos, hacer declaraciones a los medios de comunicación. Así figura en un código interno remitido a la plantilla el pasado 10 de marzo por la dirección de esta firma, a la que el Gobierno gallego y las diputaciones provinciales de A Coruña, Lugo y Ourense le han adjudicado la gestión de las emergencias en catorce zonas de la comunidad.
El protocolo de actuación remitido al personal de sus parques permite mandar comunicados de prensa «para informar a la población» en caso de intervenciones en sucesos graves pero la información solo se podrá enviar a cuatro medios de comunicación elegidos por ella y siempre con copia a los directivos de Veicar.
En las instrucciones remitidas a los bomberos de los parques de Verín, Valdeorras y A Limia se detalla cuáles son los correos electrónicos a los que se deben mandar los comunicados. Los medios elegidos son las ediciones locales de La Voz de Galicia, La Región, Faro de Vigo y una emisora de la cadena Cope, además de un par de portales web sin apenas audiencia. Para remitir información a otros medios, la empresa subraya que deberá solicitarse permiso a la dirección.”
La información también señala que la firma Velcar, “pasó de ser una carrocera de vehículos a la gestión de las emergencias a través de adjudicaciones de diferentes Gobiernos gallegos desde la época en que Manuel Fraga era presidente, emplea a 220 bomberos bajo un modelo de gestión único en España a través de subcontratas que dependen de los consorcios provinciales que financian al 50% el Gobierno gallego y cada una de las cuatro diputaciones.
El sistema está amparado por la polémica Lei de Emerxencias de Galicia, contra la que se han manifestado reiteradamente los bomberos de los parques públicos y privados para conseguir que el Gobierno de Alberto Núñez Feijóo revierta el modelo. Las fuentes internas consultadas sostienen que el protocolo de la comunicación de la compañía trata de establecer un férreo control de la comunicación y establecer sanciones para evitar que los bomberos se pronuncien contra la privatización del servicio.”
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